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Ante la gravedad de las denuncias de dos presuntos casos de violencia sexual en contra de dos mujeres detenidas en la cárcel El Pedregal, ubicada en Antioquia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) conformó una comisión especial para investigar estos hechos y esclarecer los sucesos ocurridos en el establecimiento penitenciario.
Respecto al tema, la ministra de justicia Ángela María Buitrago confirmó que la Fiscalía ya adelanta una investigación por los dos casos y se esperan acciones rápidas para esclarecer estos hechos.
"Todos los elementos probatorios que tiene la Fiscalía serán la base como lo es también en el caso de cualquier otro comportamiento delictivo, por eso es importante decirlo públicamente, por favor cuenten lo que está pasando en el tema particular de los centros carcelarios es muy importante saberlo para tomar todas las medidas del caso, pero obviamente quienes son los competentes son las autoridades penales y disciplinarias", dijo la Ministra.
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El primer caso de abuso sexual, según la denuncia presentada, ocurrió en septiembre de 2024, en el cual una mujer afirmó que fue agredida sexualmente por dos dragoneantes de la prisión. Tras el abuso, la víctima quedó en embarazo, y se alegó que los mismos guardias intentaron forzarla a abortar.
Con base en la información que se ha recolectado, la víctima tendría 27 años de edad y tras conocerse la denuncia, fue trasladada de centro penitenciario para la cárcel el Buen Pastor en Bogotá.
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Además, se investiga un segundo caso de violencia sexual en el mismo centro penitenciario, en esta ocasión, otros dos guardias fueron señalados de agredir a una reclusa el pasado 24 de diciembre.
Según el relato de la víctima, los dragoneantes Daniel Arias y Andrés Enríquez Altamar, le habrían suministrado una sustancia conocida como "tussi", antes de presuntamente abusar de ella.
“Recuerda que la tocaron, la sentaron y la pusieron a realizar sexo oral y del resto de los hechos no tiene memoria clara, debido al efecto de la sustancia administrada”, se lee en un documento de la Corporación Mujeres Libres, ONG que también denunció los hechos.
