La FM en Google News
La Fiscalía General de la Nación ordenó el inicio de una investigación contra los magistrados Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón, quienes permanecen en sus cargos a pesar de que ya cumplieron su período en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
A través de una resolución del despacho del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se asignó al fiscal séptimo delegado ante el tribunal adscrito ante el CTI, Daniel Ricardo Hernández Martínez, para que asuma dicha investigación.
Lea aquí: Claudia López, declarada persona no grata por exiliados venezolanos
Cabe mencionar que esta decisión se produjo luego de la compulsa de copias que elevaron ante la Fiscalía General, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El proceso se dio en respuesta a un mensaje electrónico relacionado con el fallo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que con ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria y firmado también por la magistrada Julia Emma Garzón, ordenó devolver los bienes del exjefe paramilitar alias "El Mellizo", los cuales iban a usarse para reparar a las víctimas de las extintas autodefensas.
Lo que cuestiona la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es que ninguno de los funcionarios judiciales debería estar ejerciendo esas funciones, tras haber cumplido su periodo en el año 2016.
Lea además: Reclutamiento de menores por grupos ilegales aumentó en 2020
A través de un comunicado, ese tribunal señaló que “actualmente no ostentan la condición de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.
La Sala Penal de la Corte Suprema afirmó que Pedro Sanabria no podría catalogarse como magistrado sino como ciudadano. “Es más, considerando que dicho escrito fue elaborado por el ciudadano Sanabria Buitrago, de aquél ni siquiera puede predicarse que se trate de un proyecto de fallo”, manifestó la Corte.
La Corte Suprema no reconoce como magistrados de la Judicatura a Sanabria y Garzón, por lo que advirtió que podrían haber incurrido en algún delito.
“El documento que se hace pasar como una decisión y que se puso en conocimiento de esta Corte, aparece suscrito por cuatro de los magistrados que integran la Sala (…) el proyecto solo fue votado por dos funcionarios”, agrega el escrito de la Corte.
