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La funcionaria judicial Cindy Vanessa Boya Guerra interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra la Empresa Promotora de Salud (EPS) Colsanitas, argumentando demoras en la toma de muestras para el examen del coronavirus (Covid-19).
Ella pide que funcionarios de la EPS se acerquen en el menor tiempo posible a su casa para tomar las pruebas que haya lugar y descartar el contagio. “So pena de las sanciones a las que haya lugar por el incumplimiendo de sus funciones y de las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud y Protección Social”, precisa en la queja.
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La funcionaria de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contó en la queja que llegó al país el pasado 15 de marzo, de un vuelo procedente de Europa.
Días después, la empresa Respuesta Médico Inmediata S.A.S. (IPS) se comunicó con ella, le dijo que debía dirigirse a un centro médico de Colsanitas a lo que ella se negó, dado a que no quería incumplir su cuarentena para personas provenientes de países como España y Francia.
“Me indicó que debido a la alta demanda de dicho examen debía dirigirme al centro médico de Colsanitas más cercano a mi residencia a efectos de que aquel se me practicara. Respondí que no saldría de mi apartamento pues no podía incumplir la cuarentena obligatoria que ordenó el Gobierno Nacional”, cuenta en la queja que entregó a la Procuraduría.
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Cindy Boya Guerra denunció que, pese a que la empresa le informó que iba a asistirla una bacterióloga, la misma nunca llegó.
“Me informó que la bacterióloga Eliana Páez vendría a mi casa a tomar las muestras para la prueba; no obstante, esta nunca llegó. Desde ese entonces y hasta la fecha han transcurrido cinco días en los que, debido a las múltiples llamadas que he realizado, Colsanitas se compromete a enviar el personal médico idóneo para efectuar tal procedimiento, pero este aún no se ha practicado”, contó en la queja.
