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Con una tutela se busca que el Gobierno de Colombia tome las respectivas medidas para proteger la vida e integridad de los 18 militares colombianos que fueron detenidos en Haití tras ser acusados de participar en el plan para asesinar al presidente Jovenel Moïse.
En la acción judicial se considera que es necesario que el Gobierno de Iván Duque, por medio de la Cancillería, reinicie sus conversaciones con las autoridades haitianas para poderle brindar atención y protección a los uniformados quienes ya han denunciado malos tratos y la violación sistemática de sus derechos fundamentales en la cárcel en la que se encuentran desde hace varios meses.
Teniendo en cuenta esta grave situación humanitaria, los familiares de los militares han pedido que se tomen acciones urgentes con el fin de salvaguardar su vida e integridad puesto que no han recibid atención médica pese a las enfermedades que sufren ni una alimentación decente.
Para esto es necesario que se suministren pruebas periódicas sobre el estado de salud de los detenidos y que se proporciones garantías procesales mínimas” en la investigación. Consideran que el Estado debe velar por la protección de los connacionales que se encuentran en este tipo de situaciones.
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El pasado 15 de octubre, el Consejo de Estado admitió para su estudio la acción judicial presentada por la esposa del capitán (r) Germán Alejandro Rivera García en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El despacho del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez ya ordenó la práctica de pruebas.
La esposa del militar indica que las “autoridades haitianas han vulnerado los derechos de mi esposo y sus compañeros, derechos reconocidos en la Constitución de la República de Haití y en los Pactos y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos que han sido ratificados por Haití y por Colombia". Por lo que pide que se tomen acciones inmediatas para protegerlo.
Los militares, quienes se encuentran en una cárcel de Puerto Príncipe, han denunciado que no cuentan con un abogado para que asuma su defensa ante las graves acusaciones que se han hecho. Igualmente, han reportado malos tratos como golpes y amenazas para que acepten su participación en el crimen del mandatario.
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Pese a estas presiones han reiterado que no tuvieron nada que ver con el plan para asesinar a Moïse y que su presencia en el país centroamericano se debió a que fueron contratados por una empresa para darle protección y seguridad a proyectos de infraestructura vial que se estaban desarrollando. Situación por la cual incluso recibieron una capacitación en República Dominicana.
