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La Fiscalía General de la Nación citó a responder en interrogatorio al excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general retirado Humberto Guatibonza, por el escándalo de la nueva red de chuzadas ilegales por el que fueron capturados tres oficiales retirados del Ejército Nacional y una exfuncionaria del Ministerio de las TIC.
Recientemente el general retirado Humberto Guatibonza, exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá y exdirector del Gaula de la Policía, fue mencionado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de sus investigaciones por una red de espionaje ilegal puesta al descubierto.
"En Bogotá, fueron allanadas las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño. La Fiscalía busca elementos que permitirían corroborar su presunta relación con la empresa de seguridad registrada en Cali, de acuerdo con pruebas técnicas recaudadas en los últimos meses", dice el comunicado de la Fiscalía.
Sobre el particular, el oficial retirado emitió un comunicado en el cual dice que él no es dueño de la empresa ‘A&G seguridad’, al tiempo que dijo estar listo a dar las explicaciones del caso ante los organismos que lo requieran. "No soy dueño de dicha empresa", dijo a través del pronunciamiento.
"Como ha sido mi costumbre, estaré presto a dar las explicaciones que se me sean requeridas en el marco de la investigación, tanto así que he radicado al señor Fiscal General de la Nación escrito mediante el cual solicito se me escuche a través de los medios que estime conveniente, para aclarar cualquier inquietud", dijo el general en retiro.
Los hallazgos de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación capturó a tres oficiales retirados del Ejército y a una particular, señalados, presuntamente, de obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la fuerza pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados.
Las investigaciones establecieron que para el efecto, la fachada utilizada sería dos empresas en Cali; mientras que el centro de operaciones criminales estaba en Ipiales (Nariño), y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.
El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.
