La FM en Google News
La Contraloría General de la República (CGR), luego de realizar una investigación exhaustiva ante las presuntas irregularidades ocurridas con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, ordenará la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios que estuvieron implicados.
Entre las medidas que se tomarán están la de embargar las cuentas de Olmedo López, exdirector nacional de Gestión del Riesgo; Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres y Victor Meza, exsubdirector de la entidad.
Lea también: Petro ordena a Carlos Carrillo “investigar a fondo” posibles hechos de corrupción en la UNGRD
De acuerdo con el organismo de control, la convocatoria para la compra de estos carrotanques fue abierta por Gestión del Riesgo el 12 de octubre del 2023, once minutos después las empresas Luket S.A.S, Impoamericana Roger S.A.S y Brand S.A.S hicieron llegar sus ofertas y luego de tres horas fue entregado por la entidad el contrato a Impoamericana Roger S.A.S.
El valor total del contrato fue de $46.800 millones y según este ente de control, fue hecho específicamente para que Impoamericana Roger S.A.S. cumpliera con los requisitos y le fuera otorgado. Además de contar con un patrimonio de tan solo $207 millones, por lo que no tenía la capacidad necesaria.
"Se puede afirmar que este proceso de compraventa NO tuvo competencia entre ellos y que todo estuvo dirigido a que resultara como adjudicataria la empresa IMPOAMERICANA ROGER SAS.", indica el informe.
No deje de ver: Felipe Rocha, cabeza de la pirámide estrato 6, fue enviado a la cárcel
Asimismo, la Contraloría alerta por que hubo conexiones que tenían las compañías Luket S.A.S. y Brand S.A.S. con la empresa a la cual se le fue otorgado el contrato para la compra de 40 carrotanques, por lo que no hubo ninguna competencia y fue entregado a dedo.
De acuerdo con la investigación realizada, se presentaron sobrecostos por $7.760 millones para la compra de estos vehículos, pues Gestión del Riesgo pagó $39.327 millones y la Contraloría tiene un estimado de $31.567 millones.
