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El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle publicó en sus redes sociales un protocolo de intervención ante el uso de explosivos en universidades y recintos educativos de la ciudad. Inicialmente, se buscará llegar a un acuerdo con las personas involucradas. Agotada esta posibilidad, se ordenará la evacuación de profesores, estudiantes y funcionarios.
Una vez la institución de educación superior esté desalojada, al alcaldía autorizará el “ingreso de la fuerza pública con equipos antiexplosivos con el fin de recuperar el control y garantizar la tranquilidad de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general”.
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El mandatario agregó que respeta, "como quien más, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el derecho a la libre expresión. Queremos una educación en paz, con pensamiento crítico, discusión racional y comprometida con la realidad del país".
En una carta de tres párrafos, el alcalde de Medellín reconoció que comparte las “preocupaciones de las mayorías que se movilizan” y solicitó al Gobierno “sentarse con quienes impulsan las marchas”.
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Afirmó que el uso de explosivos deslegitima la protesta y estigmatiza, aún más, a las universidades. Este protocolo se conoce a dos semanas de una nueva marcha programada para el 21 de febrero.
Antecedentes
Conmoción en el país causó la muerte de Julián Andrés Orrego Álvarez en diciembre pasado, luego de que le explotara una papa bomba que tenía en su poder.
Orrego era estudiante de Licenciatura de Educación Física de la Universidad de Antioquia y en el momento del incidente se ve junto a un grupo de encapuchados que pretendía bloquear las vías cercanas al claustro educativo.
En noviembre, varios encapuchados protagonizaron disturbios en la Universidad de Antioquia, al tiempo que destruían un cajero electrónico en el bloque 22 de Ingeniería. Las autoridades estimaron que el hurto del dinero ascendió a los 600 millones de pesos.
