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El pasado 8 de mayo, la Fiscalía General le imputó cargos al exalcalde de Cali (2008-2011) y actual presidente de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina Gómez por las irregularidades en la firma de un contrato de publicidad.
El ente investigador indicó que en la administración de Ospina se firmó un contrato con la firma Vission Digital Comunicación Estratégica, pese a que esta no contaba con la experiencia requerida.
Dicha empresa, según señaló la Fiscalía, había sido creada dos días antes de la firma del contrato por la misma persona que se encargó de realizar la publicidad del dirigente político para su campaña a al Alcaldía en el 2008.
El secretario general de la Alcaldía, Pedro Luis Barco fue el encargado de firmar este contrato el cual tenía como objetivo el diseño de publicidad y la socialización de programas del municipio por un valor cercano a los 460 millones de pesos.
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Debido a esto, la Fiscalía General le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El ente investigador se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento contra el dirigente político. En los próximos días el ente investigador radicará el escrito de acusación.
El exmandatario también enfrenta una investigación por las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato para finalizar las obras de adecuación del Estadio Pascual Guerrero con miras al Mundial de Fútbol Sub-20.
El proceso de licitación no habría cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley. En este caso se indica que el convenio interadministrativo se firmó con el representante legal del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte.
Este, a su vez, firmó una serie de contratos con particulares para la ejecución de las obras del escenario deportivo para realizar la adecuación.
En enero de 2015, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación al excongresista por estos hechos, sin embargo en 2016 el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía puesto que ya no tenía fuero.
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En la investigación se citaba un informe de la Contraloría General que señalaba que se habrían presentado sobrecostos en el contrato para la renovación de la silletería y la adquisición de un tablero electrónico.
En el caso de la pantalla tipo LED se manifestaba que los contratistas la habían comprado por un valor 37 veces superior al que se encontraba en el mercado.
“(...) este gasto ocasionó un presunto detrimento al patrimonio público, por la suma de $622.197.614 si se compara con el valor de adquisición de las sillas en Armenia, y por $843.064.166 si se compara con Pereira", señala el informe revelado por La Silla Vacía.
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