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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó a Carlos Fidel Villamil, exdirector de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de peculado por uso, peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El exfuncionario fue señalado por presuntas irregularidades en el uso de los vehículos oficiales que le fueron asignados durante su ejercicio en el cargo. Según las investigaciones, los automotores habrían sido destinados a actividades que no correspondían a los fines constitucionales y legales de la Fiscalía.
De acuerdo con la Fiscalía, el conductor César Leonardo Ruge Caro y el escolta Infante Montaño estuvieron involucrados en el uso indebido de los vehículos. Ambos debieron trasladar a la esposa de Villamil, Tania Marcela Barajas, para actividades ajenas a las funciones del exdirector. Entre estas actividades se incluyeron citas médicas, compras en mercados, asistencia a oficios religiosos e incluso viajes a Pitalito, Huila.
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La Fiscalía argumentó que los vehículos, en lugar de ser utilizados para funciones oficiales, fueron empleados en asuntos personales de Villamil y de su entorno cercano. Los viajes y traslados no estuvieron relacionados con ninguna actividad oficial de la Fiscalía, lo que constituye una violación a las normas que regulan el uso de los bienes públicos.
Además, entre febrero y agosto de 2016, Villamil habría autorizado cuatro comisiones de servicio a su escolta, César Leonardo Ruge Caro, con el fin de que lo acompañara en diligencias judiciales fuera de Bogotá.
Sin embargo, se argumentó que los viajes no tuvieron fines oficiales, sino que fueron utilizados para que el escolta gestionara asuntos personales del exdirector, como el cuidado de su propiedad en Pitalito.
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La Fiscalía señaló que estos viajes se realizaron en vehículos tanto particulares como oficiales, lo que refuerza la sospecha de que Villamil utilizó su cargo para beneficio personal.
Las investigaciones continúan, y la Corte Suprema de Justicia tiene previsto seguir evaluando los hechos para determinar las responsabilidades penales del exfuncionario.
