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En una carta dirigida al director del Inpec y a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se refirió a la compleja situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país.
El fiscal advirtió que, desde el 2017, unas 926 personas privadas de la libertad están en las salas de paso de la Fiscalía General, cuando estas solo tienen capacidad para alojar 686 personas.
De acuerdo con el fiscal Martínez, esta situación hace imposible seguir efectuando capturas en varias regiones del país.
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“Pese a los reiterados requerimientos que la Fiscalía ha elevado ante el Inpec desde el año anterior, no se ha obtenido una solución eficaz a esta problemática”, dijo Martínez.
Y advirtió: "En estos momentos será imposible que la Fiscalía pueda continuar llevando a cabo capturas en Atlántico, Bogotá, Cauca, Boyacá, Cesar, La Guajira, Magdalena, Medellín, Norte de Santander, Quindío y Risaralda".
En la seccional Cesar, por ejemplo, una persona estuvo recluida en la sala de paso desde julio del 2015, quedó en libertad en septiembre del 2018 por vencimiento de términos y nunca fue trasladada a un centro penitenciario.
Igualmente, en la seccional Norte de Santander una persona capturada desde diciembre del 2017 fue condenada solo hasta noviembre del 2018 y no ha podido ser enviada a la cárcel modelo.
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Otros ejemplos son los casos de la seccional Medellín -según el reporte de la Fiscalía- que cuenta con un espacio con capacidad máxima para albergar 35 personas y a la fecha se encuentran detenidas 86 personas.
En la seccional Bogotá, que tiene capacidad para alojar 200 personas se encuentran recluidas 400 y en la seccional de la Fiscalía del Atlántico hay capacidad para 50 personas y hay 80 detenidos.
La Fiscalía también advirtió que “la permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de los internos y de los servidores de la entidad. Esto, sumado al ya conocido caso de fuga masiva ocurrido en la URI de Kennedy, en Bogotá“.
Ante la situación, la entidad solicitó al Inpec, que depende de la cartera de Justicia, adoptar soluciones estructurales para solucionar la crisis carcelaria.
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