Exfuncionarios usaban huellas de base de datos de Registraduría para robar y estafar

Accedían a la base decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil para expedir cédulas falsas.
Los delincuentes suplantaban identidades a través de cédulas falsas.
Crédito: Policía Metropolitana de Bucaramanga / RCN Radio.

Dos funcionarios, uno de la Fiscalía General de la Nación y otro de Migración Colombia, hacían parte de una banda delincuencial que fue desmantelada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la cual se dedicaba a suplantar identidades para cometer hurtos.

El general Luis Ernesto García, comandante de la institución policial ,afirmó que además fueron capturadas 19 personas más quienes se encargaban de falsificar cédulas y a través de ellas hacer compras, solicitar créditos y cometer otro tipo de estafas en Bucaramanga y la región.

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Los funcionarios que se encargaron de sustraer la información accedían a la base decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, a partir de allí, empezaban a elaborar los documentos falsos.

En total se ejecutaron 24 órdenes de allanamiento las que se ejecutaron en los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga, agregó el oficial.

El oficial señaló que se hizo un registro de por lo menos mil posibles suplantaciones en establecimientos comerciales y entidades bancarias, en donde quedaron registrados hurtos por cerca de de 15.000 millones de pesos. Los hurtos además generaban utilidades cercanas a los 600 millones de pesos.

A los delincuentes además se les encontró en su poder plantillas para plasmar huellas digitales, secador de impresiones, siliconas, un computador, celulares, tarjetas de crédito y cédulas de ciudadanía adulteradas.

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La organización delincuencial era liderada por un sujeto conocido como ‘Lámpara’, quien con un clan familiar logró crear una red de suplantadores, logísticos, reclutadores y contactos para obtener base de datos de las víctimas, así como de los establecimientos comerciales y las entidades financieras.

La investigación duró cerca de nueve meses y fue liderada por el grupo de delitos informáticos de la Sijín, quienes se encargaron de hacer los seguimientos que al final concluyeron con las órdenes de captura.





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