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Un juez condenó a 6 años, 8 meses y un día de prisión y al pago de una multa de 795 millones de pesos a Eva Katherine Carrascal Cantillo, entonces superintendente delegada, que hizo parte de un entramado de corrupción, en el que funcionarios y particulares se apropiaron de recursos públicos de la salud.
La exfuncionaria fue hallada culpable de cometer los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
Igualmente, el juzgado le impuso a la exfuncionaria una inhabilidad vitalicia para el ejercicio de cargos públicos en atenciócn a la gravedad de los hechos descubiertos.
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La investigación demostró que Carrascal Cantillo se valió de su cargo como superintendente delegada para la Supervisión Institucional en la Superintendencia Nacional de Salud, entre 2016 y 2018, para incidir en decisiones administrativas, a cambio de millonarias dádivas.
“En ese sentido, le anticipó al representante legal de una Empresa Prestadora de Salud (EPS) los requisitos y exigencias que se tendrían en cuenta durante una inspección y vigilancia que se iba realizar contra la entidad, ante la crisis financiera que atravesaba y la hacía inviable”, indicó la Fiscalía.
También se estableció que asesoró y brindó información privilegiada a cajas de compensación familiar e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que lograran presentar planes de mejoramiento y de reorganización y así superaran el examen de la Supersalud.
Adicionalmente, los investigadores detectaron que esta exfuncionaria aceleró los trámites de pagos a las EPS y otras entidades territoriales vigiladas.
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En el transcurso de las indagaciones se estableció que por todas estas irregularidades, la exfuncionaria recibió más de 700 millones de pesos y una parte de esos recursos fueron utilizados para la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
