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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó seguir el juicio que se adelanta contra los exdirectivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, Giancarlo Auque de Silvestri y Endique Alberto Ariza Rivas por el delito de tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque.
En el fallo, la Sala rechazó las recusaciones presentadas por la defensa de la periodista contra la jueza segunda especializada de Bogotá después que el despacho le ordenara no opinar públicamente sobre el proceso penal que se adelanta.
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El magistrado José Joaquín Urbano devolvió el caso al juzgado segundo especializado con el fin que se reanuden con la declaración de testigos.
El pasado 24 de julio, la jueza le ordenó a Duque abstenerse de emitir cualquier tipo de comentario en medios de comunicación o informar en sus redes sociales sobre el proceso, al manifestar que se debía proteger la integridad de los tres procesados.
En la decisión se avaló la petición presentada por la defensa del exsubdirector del DAS, Emiro José Rojas, quien señaló que se estaba vulnerando la presunción de inocencia de su cliente, puesto que la periodista estaba haciendo acusaciones directas en su contra.
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Esta petición fue cuestionada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) –que acompaña el caso- señalando que se trata de un caso de “censura” puesto que la comunicadora es víctima reconocida dentro del proceso penal.
Debido a esto se presentó un recurso para que la jueza fuera cambiada ya que en su parecer no estaba ofreciendo las garantías constitucionales y procesales a todos los sujetos procesales. Sin embargo, estos argumentos no fueron avalados por el Tribunal.
Los tres exdirectivos del DAS son procesados por presuntamente poner en marcha un plan para amenazar a Claudia Julieta Duque después que ella publicara una serie de reportajes en los que evidenciaba la participación de agentes de ese organismo de inteligencia con el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero registrado el 13 de agosto de 1999.
Durante meses la periodista recibió llamadas y mensajes amenazantes, así como recados en los que se dejaba entrever que era víctima de seguimientos. En muchos de esos casos se le detallaban sus movimientos y los de su hija, quien era menor de edad.
