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El juez primero de ejecución de penas de Bogotá le otorgó la libertad condicional al exsupervisor del Grupo Anticorrupción de la Dirección Operativa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Bernardo Murillo Cajamarca.
En la determinación se consideró que el exfuncionario ya cumplió las tres cuartas partes de la pena impuesta por su responsabilidad en los seguimientos ilegales y “chuzadas” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Murillo Cajamarca fue capturado el 9 de abril de 2010 en el desarrollo de un gigantesco operativo en contra de los directivos del organismo de seguridad. Durante ocho años y 10 meses estuvo privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
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La defensa del exdetective del DAS sostuvo que el 25 de febrero de 2019 cumplió la mayoría de la sentencia de 12 años de prisión impuesta en mayo de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá y ratificada en noviembre de 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
En los documentos presentados ante el juzgado de ejecución de penas se sostuvo que por estudio y buena conducta se le reconoció a su cliente una redención en la pena de 22 meses y 20 días. Estos registros fueron avalados por el despacho que ordenó su libertad inmediata.
Murillo Cajamarca fue sentenciado por haber ordenado la recolección de información privilegiada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y obtener datos de sus actividades públicas y privadas.
El objetivo de este plan era crear una campaña de desacreditación mediante la filtración o suministro de “información imprecisa, mentirosa y sesgada” a los medios de comunicación y así afectar su imagen ante la opinión pública.
Producto de esta labor se publicó en una revista de circulación nacional la historia de los presuntos vínculos que tenían los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con un empresario del Huila señalado de tener nexos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Los detectives habrían utilizado gastos reservados del organismo para obtener unas fotografías de una fiesta privada organizada por el empresario Ascencio Reyes en la ciudad de Neiva. Igualmente habrían presionado la obtención de testimonios para señalar al entonces presidente de la Corte, Yesid Reyes de haber participado en un homenaje en junio de 2006.
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En las operaciones ‘Paseo I, II y III’ el DAS además recolectó de manera indebida e ilegal información en la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para filtrar movimientos bancarios y financieros de los magistrados.
Toda esta información llegaba al despacho de la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión.
Por estos hechos fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir agravado, mientras que se le prescribió la investigación por el delito de abuso de la función pública.
