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El proceso judicial que investiga presuntas anomalías en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí ha entrado en una fase definitiva. Durante la audiencia de acusación ante el Juez 02 Penal de Medellín, la defensa de María Yaneth Rúa solicitó formalmente la aplicación de un principio de oportunidad, figura con la que busca beneficios procesales a cambio de entregar información sobre el presunto desvío de recursos públicos.
La procesada pretende colaborar con el ente acusador para esclarecer el entramado que permitió el manejo irregular de convenios que superan los 18.000 millones de pesos. El abogado defensor de Rúa, Emmanuel Goldstein, confirmó que ya existe un cronograma de acercamientos con la Fiscalía General de la Nación.
“Hemos estado en acercamientos con la señora fiscal para la eventual aplicación de un sistema distinto al que se está enjuiciando. Para ello, hemos agendado una mesa técnica de reunión el próximo 21 de abril”, explicó Goldstein durante la diligencia.
El AMVA celebra la colaboración
La postura de la defensa fue bien recibida por la parte civil. Majer Abushihab, apoderado legal del AMVA, se mostró a favor de que los implicados rompan el silencio para recuperar los recursos afectados.
“No conocía el acercamiento, pero lo celebro indudablemente. Siempre hemos estado abiertos a que las personas vinculadas se acerquen a denunciar”, indicó Abushihab, subrayando la disposición de la entidad para aclarar el destino de los fondos.
Cronograma judicial: El camino hacia junio
Tras el anuncio, el juez definió las fechas clave del expediente. Mientras la reunión técnica entre la defensa y la Fiscalía se realizará el 21 de abril, la audiencia de acusación formal quedó suspendida y se reactivará el 16 de junio a las 9:00 a. m.
Este compás de espera permitirá a la Fiscalía evaluar si la información de Rúa es lo suficientemente sólida. De concretarse el acuerdo, la procesada pasaría de ser acusada a testigo principal en la diligencia de junio.
Efecto dominó: Tres implicados buscan negociar
Este requerimiento no es aislado; ya son tres los implicados de alto perfil que han mostrado intención de colaborar. Cabe recordar que Misael Cadavid, exdirector de Gestión del Riesgo del AMVA, elevó una solicitud similar en diligencias anteriores, mientras que Elkin de Jesús González permanece a la espera de una respuesta para definir su situación jurídica.
Las declaraciones de estos exfuncionarios podrían arrojar luz sobre la ejecución de convenios suscritos entre 2020 y 2023, periodo en el que se habría consolidado un detrimento patrimonial estimado en 2.481 millones de pesos.
Radiografía de las anomalías
El expediente se centra en seis contratos interadministrativos destinados a la gestión del riesgo y la atención de la pandemia. Sin embargo, los peritos detectaron hallazgos alarmantes:
- Servicios de transporte "fantasma" sin soporte de ejecución.
- Sobrecostos en insumos de bioseguridad durante la emergencia del COVID-19.
- Pagos de telefonía móvil personal con dineros del Estado.
