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La sala plena de la Corte Constitucional inicia desde este miércoles las discusiones sobre la tutela T- 236 de 2017 que mantuvo la suspensión del uso del herbicida glifosato en la erradicación de los cultivos ilícitos.
En esa sentencia, la Corte examinó la posible afectación a la salud de los habitantes del municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó, con el uso del glifosato y las afectaciones al medio ambiente.
"Presentan un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente”, señaló el fallo, al tiempo que advierte que deben ser objeto de una regulación “cuyo objetivo sea controlar dicho riesgo”.
La decisión que tomará la Corte no es nada fácil, teniendo en cuenta las peticiones y la preocupación del gobierno de Iván Duque sobre el incremento de los cultivos ilícitos. Sin embargo, deberá haber una ponderación de derechos fundamentales.
La ponencia radicada el pasado viernes en las horas de la tarde estuvo a cargo del magistrado Alberto Rojas Ríos. Al parecer iría negando tajantemente la reanudación de las aspersiones, teniendo en cuenta a la comunidad de Novita -a través de uno de sus representantes- informó que el Gobierno no ha cumplido con las órdenes encaminadas a comprobar con hecho reales, que no se causa daño a la salud y al medio ambiente.
Dichas órdenes se leen en el fallo de tutela que analiza el alto tribunal: entre ellas, está la obligación de adelantar consultas previas con las comunidades étnicas con el fin de conocer si han sufrido afectaciones por el uso del glifosato.
Ordena, eventualmente, proteger la cultura de algunas comunidades indígenas; debe existir una investigación científica que certifique la ausencia de daño para la salud de las poblaciones aledañas y el medioambiente y, además, el Gobierno debe presentar pruebas a la Corte de que el herbicida no causara daños a la salud.
Además, dice la Corte que debe existir una regulación del uso del glifosato liderada y diseñada por un órgano diferente a las entidades que van a fumigar. Dicha regulación también deberá evaluar los posibles riesgos a la salud y medio ambiente.
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Como mínimo, el Gobierno debe incluir a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público para los análisis.
Sin embargo, hay algunos magistrados que desde ya no están de acuerdo con esa ponencia y estudian fórmulas para modular el tema de la aspersión.
En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha evaluado el uso del glifosato y la aspersión aérea para combatir los cultivos de droga en el país. De acuerdo con las conclusiones de las sentencias, la Corte ha evidenciado posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente con el uso del herbicida.
