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El juez 35 de control de garantías de Bogotá ordenó el traslado del contratista Emilio Tapia Aldana a una cárcel de máxima seguridad para que cumpla la medida de aseguramiento impuesta en su contra en el proceso que se le adelanta por las irregularidades en la licitación del contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
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En la decisión, el juez consideró necesario salvaguardar la vida del empresario quien ha recibido amenazas en contra de su vida e integridad personal. Sin embargo, consideró que no puede ser trasladado a una guarnición militar como lo pedía su defensa o a una cárcel de mediana seguridad.
Pese a que Tapia señaló que después de anunciar su colaboración en el proceso del 'carrusel de la contratación' ha recibido amenazas en contra de su vida e integridad personal por lo que pidió que se le brinden las medidas de protección y seguridad.
Sin embargo, el funcionario judicial consideró que ni la cárcel La Modelo de Bogotá (a la que fue enviado por el juez 57 de control de garantías) ni la cárcel de Barranquilla (que pidió la defensa del empresario) cumplen con las medidas de alta seguridad que necesita el empresario.
"Es un ciudadano que decidió cometer una conducta delictiva, no es un funcionario público", advirtió el juez 35 de control de garantías al considerar que Tapia no puede estar en un patio especial en la cárcel.
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El Inpec -señaló el juez- está en la obligación de brindarle todas las medidas de seguridad para que su vida no sufra ningún atentado.
En su extensa intervención indicó que será dicho Instituto el que defina el nuevo lugar de reclusión de Tapia que podría estar entre la cárceles La Picota de Bogotá, Cómbita en Boyacá o 'La Tramacua' en Valledupar.
Igualmente, como lo indica su función constitucional, el Inpec deberá tomar todas las medidas para que el empresario asista a las diligencias judiciales a las que sea citado por este caso de corrupción.
Por las irregularidades en el contrato de licitación la Fiscalía General le imputó a Tapia los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
Pese a que se declaró inocente después se conoció que estaba buscando firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General para entregar más detalles del caso.
