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La decisión del expresidente Álvaro Uribe de presentar su renuncia al Senado, luego que la Corte Suprema le abriera una investigaciónpor los delitos de soborno y fraude procesal, avivó el debate sobre la suerte que debe surtir este proceso: ¿Debe permanecer en el alto tribunal o ser asumido por la Fiscalía?
En el debate entraron los reconocidos abogados Iván Cancino y Francisco Bernate, quienes expresaron posiciones opuestas –a instancias de RCN Radio- sobre qué organismo debe continuar con el caso, tan pronto se haga efectiva la renuncia del ex mandatario.
En primer lugar, el abogado y penalista Iván Cancino indicó que en este caso los presuntos delitos por los cuales la Corte ordena llamar a indagatoria a Uribe y al congresista Álvaro Prada no tienen una relación con el cargo y, por lo tanto, este proceso "tiene que pasar a la Fiscalía".
"Eso tendría dos efectos. El primero, ya no van a ser investigados bajo la ley 600 sino bajo la ley 906, por la fecha de los hechos y obviamente que las decisiones ya no van a ser por ejemplo indagatoria. Si la Fiscalía encuentra méritos, una imputación", indicó Cancino en diálogo con RCN Radio.
De acuerdo al jurista, hay múltiples ejemplos en los que a personas, siendo senadores, les inician una investigación y después encuentran que no hay relación funcional y se envía el proceso a la Fiscalía General de la Nación.
El abogado Iván Cancino también manifestó que Uribe tiene "una posición de poder, siendo o no senador", agregando que confía en las autoridades, específicamente en la Corte Suprema de Justicia "pero sí me daría mucho dolor que cambien la jurisprudencia para un caso especial", agregó.
Cancino recordó que será la Corte Suprema la que decida si envía o no el expediente a la Fiscalía, una vez Uribe tome la decisión formal de renunciar al Congreso.
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal, por presuntamente haber buscado testigos para que declararan en contra del congresista Iván Cepeda.
Por lo tanto, Uribe anunció el martes que presentará su renuncia al Congreso de la República, argumentando sentirse "moralmente impedido para ser senador" tras ser citado a indagatoria por la Corte.
El proceso se queda en la Corte: Francisco Bernate
Justamente, el abogado Francisco Bernate afirmó que aun así Uribe renuncie al Senado, su caso seguirá en la Corte Suprema de Justicia y no en la Fiscalía General de la Nación.
"Nuestra Corte Suprema de Justicia, en la parapolítica, en un momento determinado sí permitió que las personas al renunciar pudieran ir a la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, este criterio fue reconsiderado con un argumento muy sencillo y es que las personas no pueden escoger su propio juez. Desde ese momento se sostiene la tesis de que no puede la renuncia modificar el fuero y por ende este caso lo va a investigar la Corte Suprema de Justicia", explicó Bernate.
El jurista también señaló que los delitos por los que es investigado Uribe darían un tiempo estimado de prisión, entre los cuatro y seis años.
"Atendiendo que la persona carece de antecedentes penales y demás, ese sería un estimado razonable si se llegare a esa situación; cuatro a seis años podría ser un estimado razonable", indicó el abogado penalista en diálogo con RCN Radio.
En cuanto a tiempos, Bernate señaló que una vez la presidencia del Senado (en manos de Ernesto Macías) acepte la renuncia a Uribe, la Corte Suprema abrirá la investigación en su contra y en un aproximado de 15 días decidirá si la remite o no a la Fiscalía General.
El alto tribunal indicó que antes de presentarse a indagatoria, Uribe tendrá la oportunidad de "conocer las pruebas que los comprometen. Y contarán con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos que surgen en su contra".
Por estos mismos hechos fue citado a indagatoria el senador Álvaro Hernán Prada Artunduaga.
El pasado 16 de febrero, con ponencia del magistrado José Luis Barceló, la Corte Suprema se abstuvo de abrir investigación en contra del senador Iván Cepeda por presunta compra de testigos y fraude procesal. En la misma decisión se compulsaron copias para que se investigara al senador Uribe.
Para el alto tribunal, existían pruebas suficientes que permitían inferir que Uribe habría presionado a un grupo de testigos, algunos de ellos privados de su libertad, para que declararan en contra de Cepeda, señalándolo de querer vincularlo en actividades delictivas.
"Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al ex presidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", sostiene la Corte Suprema de Justicia en la apertura de la investigación penal.
