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La representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, emitió en La FM de RCN una fuerte advertencia sobre el alarmante incremento de las extorsiones originadas desde las cárceles de Colombia.
Arbeláez denunció la ineficiencia del Gobierno y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para frenar este tipo de delitos, que han impactado especialmente a comerciantes en el país.
“El panorama es completamente aterrador. Hemos venido haciendo un seguimiento con el Inpec frente a la situación de las cárceles, y vemos que la mayoría de extorsiones sale de las cárceles. Vemos cómo se ha venido incrementando la extorsión de una forma alarmante. Por ejemplo, en Bogotá la cifra está en un 71%”, señaló Arbeláez.
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La representante explicó que la tecnología para prevenir extorsiones dentro de las cárceles tiene una ejecución presupuestal ínfima, lo que contribuye a la impunidad. “Hemos hecho un estudio riguroso sobre la ejecución presupuestal del Inpec, y encontramos que el presupuesto para las herramientas tecnológicas solamente tiene un 0.12% de ejecución”, comentó Arbeláez, subrayando la falta de avances en la regulación de dispositivos y tarjetas SIM utilizadas por los extorsionistas. “A través de una tarjeta SIM pueden extorsionar a una persona y luego la destruyen”.
Arbeláez también destacó el proyecto de ley liderado por el representante Julio César Triana para regular la venta de tarjetas SIM, que actualmente se pueden comprar sin control, facilitando su uso en actividades criminales. La representante lamentó los casos recientes de extorsión, como la muerte de una funcionaria de Super Giros, que fue víctima de un ataque armado.
“Aquí hay una responsabilidad y una falta de seguimiento a la labor que debe realizar el Inpec para evitar casos de extorsión desde las cárceles, pero la corrupción también afecta el Inpec. Las bandas están identificadas (Los Satanás, Tren de Aragua, etc.) y se vienen fortaleciendo por falta de medidas”, denunció Arbeláez.
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La representante concluyó con un llamado a las autoridades locales y al Gobierno para que actúen de manera articulada contra la extorsión y protejan a los comerciantes y sus familias, quienes viven bajo amenaza constante.
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