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En el fallo de la Procuraduría General de la Nación que solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expulsión de Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, se encuentran los conceptos que entregó el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación sobre los procesos que demostrarían que el exjefe guerrillero cometió delitos después de la firma del acuerdo de paz.
Según lo que reporta la Fiscalía, en la actualidad se adelantan 41 investigaciones por diversos delitos que, al parecer, se habrían cometido después al primero de diciembre de 2016, fecha en la que se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Según el reporte de la Fiscalía, de esas 41 investigaciones “30 se encuentran activas en etapa de indagación” contra contra Antonio Rodríguez, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Luis Alberto García, Luis Alberto Gaira García, Oscar Blanco, Oscar Montejo Romero y Oscar Montero; según el documento todos registran la misma cédula.
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Los delitos se relacionan con estafa, lesiones, injuria, calumnia, desplazamiento forzado, secuestro, concierto para delinquir, entre otros. Mientras, el mayor Carlos Alfonso Plazas Carrascal, Jefe del Grupo Investigativo Delitos Contra la Seguridad Pública del Ministerio de Defensa, informó que contra alias ‘el paisa’ se tiene conocimiento de una investigación por el presunto delito de desplazamiento forzado.
El resumen del Ministerio dice que en dicha investigación se mencionan unos hechos de amenazas en contra del general Mauricio Enrique Forero, exdirector de inteligencia del Ejército Nacional, quien está relacionado con el desarrollo de la operación Odiseo, en la que murió alias Alfonso Cano.
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Además advierte que alias el Paisa estaría buscando ordenar el homicidio del alcalde de San Vicente del Caguán. también señala el informe que al parecer extorsiones y reclutamiento de menores estarían siendo presuntamente cometidas por disidencias de Farc en Curillo, Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán.
El concepto del procurador Carrillo pide que se adelanten todos los trámites para iniciar el proceso de captura, “constituye una falta grave a la obligación de aportar verdad plena, y solicitó que el caso sea trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación para que se ordene su captura y se garantice su presencia en el proceso y la protección de los derechos de las víctimas”.
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