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El debate sobre el proyecto que propone eliminar la figura del porte especial de armas en Colombia fue expuesto por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez, durante una entrevista en La FM Fin de Semana, en la que presentaron sus argumentos sobre la iniciativa y los efectos que tendría para los ciudadanos.
La discusión tomó relevancia después del asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que murió en un intento de atraco en el norte de Bogotá, hecho en el que estuvo involucrado un menor de edad.
Este caso reactivó preguntas públicas sobre la capacidad de los ciudadanos para defenderse y sobre las responsabilidades penales aplicables a adolescentes implicados en delitos graves.
¿Qué plantea el proyecto sobre el porte de armas en Colombia?
El representante José Jaime Uscátegui explicó que la propuesta busca “permitir el porte de armas para todos los ciudadanos” bajo requisitos estrictos.
"El objetivo es que personas sin antecedentes ni penales, ni psiquiátricos puedan acceder a un arma para su defensa", declaró. Agregó que la discusión ha generado obstáculos en el Congreso y que existen resistencias cuando se plantea ampliar ese derecho a la ciudadanía.
Uscátegui sostuvo que algunas bancadas rechazan el proyecto, porque “pareciera que respetan que haya grupos y estructuras armadas ilegales [...] pero no conciben que un ciudadano honesto [...] pueda portar un arma”. Indicó que la intención del proyecto es habilitar un marco legal para quienes cumplan los requisitos exigidos y que este tipo de casos reabre la discusión sobre la defensa personal frente a hechos delictivos.
Al ser consultado por las dificultades para avanzar en reformas legales, el representante mencionó que existe un proyecto para modificar la responsabilidad penal juvenil.
Expuso el caso de Jeanclaud como ejemplo de situaciones en las que un menor podría ser tratado bajo otras condiciones legales y señaló que esta discusión continúa pendiente en la Comisión Primera.
Añadió que según expertos, las sociedades suelen optar por dos modelos: “o que todo el mundo esté armado [...] o donde todo el mundo esté desarmado”. En este contexto afirmó: “Colombia está en toda la mitad”.
Uscátegui también afirmó que existe un problema relacionado con la disponibilidad de armas ilegales, al tiempo que agregó que “hay más de 3 millones de armas ilegales en Colombia” y que la mayoría de homicidios estarían asociados a este tipo de armamento.
Mencionó el déficit de pie de fuerza y sostuvo que muchos ciudadanos se preguntan por qué no pueden portar un arma legal al no contar con protección estatal suficiente.
¿Por qué algunos sectores se oponen a ampliar el porte ciudadano?
Por su parte, el representante Heráclito Landinez expresó su desacuerdo con la iniciativa y afirmó que el Estado es quien debe mantener el “uso legítimo de la fuerza”.
Indicó que permitir el porte generalizado generaría un escenario comparable con épocas en las que la justicia se ejercía de forma individual. “No podemos permitir que [...] todos andemos armados por las calles”, afirmó.
Landinez sostuvo que la prioridad debe ser “quitar las armas a los civiles” y devolver su posesión exclusiva al Estado.
Argumentó que la presencia de armas en los hogares puede producir accidentes y recordó que en décadas anteriores, cuando había más armas en circulación, las tasas de homicidio eran más altas, señalando que en ese momento llegaban a “80 asesinatos por cada 100.000 habitantes”.
En cuanto a la responsabilidad de menores involucrados en delitos, Landinez indicó que los jueces deben revisar caso por caso y evaluar agravantes. Subrayó que las políticas públicas deben encaminarse a evitar que los jóvenes entren en organizaciones delictivas, mediante procesos de inclusión social.
El representante también se refirió al uso de armas traumáticas, afirmando que algunas son adaptadas para funcionar como armas de fuego, lo que alimenta mercados ilegales.
Consideró urgente que el Estado avance en la recuperación de armas tanto de civiles como de grupos armados ilegales, por vía de negociación o sometimiento a la justicia.
Ambos congresistas reiteraron la importancia de que el país aborde el debate legislativo relacionado con armas, seguridad y responsabilidad penal, manteniendo sus diferencias sobre el modelo adecuado para enfrentar la criminalidad y garantizar la protección ciudadana.
*Esta entrevista fue transcrita y realizada con apoyo de las herramientas de la Inteligencia Artificial, curada por periodista de La FM.
