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La Corte Suprema de Justicia negó por segunda vez una tutela presentada por la familia de Dilan Cruz con la que buscaba que el proceso contra el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) pasara de la Justicia Penal Militar a la ordinaria.
El joven murió el 25 de noviembre de 2019 luego que el capitán Manuel Cubillos disparara con una munición conocida como “bean bag” contra un grupo de manifestantes en el marco del 'paro nacional' en el centro de Bogotá.
La tutela se presentó contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial) y el Juzgado 189 de Instrucción Militar de Bogotá, por la vulneración de los derechos fundamentales.
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El recurso cuestionaba la decisión de la Sala Disciplinaria que en el 2019 le entregó la competencia del caso a la Justicia Militar. En uno de los apartes se cuestionaba el hecho que los magistrados que ya habían cumplido su período en la Judicaturahabían tomado la decisión, hecho por el cual la misma no era legítima.
“No contaban con la calidad de dignatarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (Julia Emma Garzón de Gómez y Pedro Alonso Sanabria)”, señala uno de los apartes de la tutela.
Sin embargo, la Corte no avaló estos argumentos y decidió negar la tutela: “No se demuestra que en el presente caso se cumplan los presupuestos fácticos para la aplicación de la referida tesis”.
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También señala que “ni se acredita que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el análisis que realizó de los elementos probatorios, haya incurrido en defectos fácticos susceptibles de protección constitucional”.
Actualmente la Corte Constitucional estudia otra tutela que presentó la familia de Dilan Cruz y que tiene que ver con las pruebas que se presentaron en el caso para determinar que el proceso siguiera su curso en la justicia penal militar
En ese debate a organización estadounidense Human Rights Watch y el Centro Robert F. Kennedy Human Rights pidió a la Corte que se ordene trasladar el expediente a la justicia ordinaria para evitar impunidad.
