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La Corporación Mujeres Libres Colombia informó que ya serían dos las mujeres víctimas de abuso sexual por parte de funcionarios del Inpec en la cárcel El Pedregal, de la ciudad de Medellín.
A través de una carta enviada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la corporación señaló que uno de los casos corresponde a una mujer de 27 años de edad, quien habría sido víctima de abuso sexual entre agosto y septiembre de 2024 y adicionalmente se encuentra en embarazo por esa situación, sin que las autoridades hayan agilizado el proceso ante la Fiscalía.
En las últimas horas se conoció el caso de otra mujer, quien también se encuentra privada de la libertad en el centro penitenciario El Pedregal de Medellín. Según la denuncia realizada por la corporación, la mujer habría sido víctima de abuso sexual el pasado 24 de diciembre de 2024.
Claudia Alejandra Cardona, directora de la Corporación Mujeres Libres Colombia, manifestó que las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades y agregó que una de ellas fue cambiada de patio.
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"Lo que nos dicen en los audios y en la denuncia es que tienen miedo a las represalias por parte de la guardia, porque están denunciando a compañeros guardianes. Además los que reciben las denuncias con la Policía judicial y la Policía judicial es guardia, son compañeros", dijo.
Según el relato de una de las víctimas, los dragoneantes Daniel Arias y Andrés Enríquez Altamar, le habrían suministrado una sustancia conocida como "tusi", antes de abusarla. “Recuerda que la tocaron, la sentaron y la pusieron a realizar sexo oral y del resto de los hechos no tiene memoria clara, debido al efecto de la sustancia administrada”, especifica el documento de la corporación.
Desde Mujeres Libres Colombia realizaron las siguientes solicitudes:
1. Que Valentina González sea trasladada de inmediato a Medicina Legal.
2. Que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación urgente, imparcial y exhaustiva sobre los hechos denunciados.
3. Que se garantice la protección de la denunciante Valentina González Acosta, asegurando medidas cautelares efectivas para salvaguardar su vida e integridad.
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4. Que se traslade de inmediato a la denunciante a otro establecimiento penitenciario donde no corra riesgo su vida e integridad, si ella así lo requiere.
5. Que se investigue y sancione penalmente a los responsables de los hechos, incluyendo los dragoneante implicados, así como a cualquier otro funcionario involucrado directa o indirectamente.
6. Que se tomen medidas para garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Esta es la denuncia:
