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Chocó atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas semanas. Mientras las comunidades todavía intentan recuperarse de los efectos del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, en varias regiones del departamento la población civil permanece bajo presión por los enfrentamientos entre estructuras armadas.
Un nuevo balance de la Defensoría del Pueblo advierte sobre desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y riesgo para comunidades indígenas y afrodescendientes en diferentes municipios.
Uno de los puntos más críticos está en la subregión del San Juan. Desde el 10 de agosto, en la comunidad de San Agustín, en Sipí, la Defensoría documentó la presencia de integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían restringido la movilidad e impedido actividades tradicionales de la población.
La situación también fue reportada en el sector de Boca de Sipí, hacia las inmediaciones de Puerto Murillo, en el Medio San Juan.
A esto se suma una incursión armada del Clan del Golfo y el ELN en territorio étnico del Consejo Comunitario General del San Juan, en zonas rurales de Nóvita y Sipí. Según la Defensoría, en medio de estos hechos también se habría utilizado tecnología de drones con explosivos. (Defensoria)
Miles de personas entre el desplazamiento y el confinamiento
Las consecuencias ya se sienten entre las comunidades. La Defensoría reportó el desplazamiento forzado de 65 familias hacia El Barrancón y advirtió que, de manera preliminar, 652 familias, equivalentes a unas 3.000 personas, permanecen confinadas en sectores como El Barrancón, Charco Hondo, Charco Largo, Sipí, Torra, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita.
El organismo también reportó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torra hacia Nóvita e Istmina, donde se adelantan acciones de atención y albergue.
En otra zona del departamento, comunidades indígenas de los kilómetros 18 y 90 de la vía Quibdó-Medellín tuvieron que abandonar sus territorios por intimidaciones atribuidas al ELN y al Clan del Golfo. El registro de la Defensoría señala que 129 familias, equivalentes a 301 personas, llegaron hasta Medellín buscando condiciones de seguridad.
La alerta también se extiende a otras comunidades étnicas. En sectores de Yoró y Bagadó, en el corredor de la comunidad negra Noanamá, en el Medio San Juan, y en el corregimiento de Currupí, en el Litoral del San Juan, hay afectaciones que comprometen a 11 comunidades afrodescendientes, unas 500 familias y aproximadamente 1.756 personas.
Además, siete comunidades indígenas, con 420 familias y cerca de 2.120 personas, también se encuentran en medio de esta situación.
Ejército entra a la zona para recuperar el control
Mientras la Defensoría advierte sobre el riesgo humanitario, el Ejército Nacional desplegó en las últimas horas una operación entre Sipí y Nóvita.
Un total de 128 soldados del Batallón de Combate Terrestre número 26 ingresaron a la zona rural para recuperar el control territorial y permitir que las comunidades confinadas puedan recuperar su movilidad.
La operación se produjo después de las solicitudes de las autoridades municipales ante el deterioro de la seguridad. Poco después del ingreso de las tropas se registraron combates con integrantes del ELN. El Ejército confirmó que dos militares resultaron heridos y que una canina especializada en detección de explosivos murió durante las acciones. (La FM)
La disputa territorial estaría relacionada, entre otros factores, con el control de zonas donde se desarrolla explotación ilegal de oro. La Defensoría advierte que esta actividad está generando graves afectaciones ambientales y, al mismo tiempo, alimentando la disputa de los grupos armados por el territorio.
Por ahora, permanecen activos los confinamientos en el Alto Baudó y el Bajo Baudó, mientras existe riesgo de desplazamiento y confinamiento para comunidades étnicas de Juradó, Nuquí y Bojayá, en el Atrato.
Ante este panorama, la Defensoría pidió al Clan del Golfo y al ELN respetar a la población civil, los corredores humanitarios y las normas del Derecho Internacional Humanitario.
También solicitó al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y las alcaldías garantizar las rutas de atención humanitaria.
Y mientras la Fuerza Pública intenta recuperar el control en el San Juan, las autoridades todavía tienen pendiente una tarea fundamental frente a la otra emergencia: culminar el censo de las personas afectadas por el terremoto para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
Preguntas claves para entender la noticia
¿Cuál es la situación que se vive en Chocó?
La Defensoría alerta por desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes en diferentes regiones del departamento.
¿Qué ocurre entre Sipí y Nóvita?
El Clan del Golfo y el ELN se disputan el control territorial en esta zona. La confrontación ha provocado desplazamientos y confinamientos. En las últimas horas, el Ejército ingresó con 128 soldados para recuperar el control.
¿Qué relación tiene la minería ilegal con el conflicto?
La Defensoría advierte que la explotación ilegal de oro está generando daños ambientales y aumentando el interés de los grupos armados por controlar estos territorios.
¿Qué pide la Defensoría del Pueblo?
Que se garantice la protección de la población civil, se respeten los corredores humanitarios y se activen las rutas de atención para las comunidades desplazadas y confinadas. También pidió culminar el censo de afectados por el terremoto.
