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La defensa del senador Álvaro Uribe Vélez pidió la nulidad de la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de declarar delito de lesa humanidad las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, Antioquia, y el homicidio del sindicalista Juan Manuel Ovalle.
El abogado Jaime Granados señaló que la actual Sala Penal no tiene competencia para tomar dichas decisiones, teniendo en cuenta el Acto Legislativo por el cual se crean las salas de juzgamiento de primera instancia para aforados.
La Corte había dicho que no se podía paralizar la justicia mientras implementaba la sala especial que garantizaba la primera y segunda instancia, pero eso ya dejó de serlo desde el momento en que se tiene en sus manos la elección de los magistrados”, dijo.
Bajo esos parámetros el abogado señaló que deben ser las nuevas salas las que se encarguen de adelantar todas las investigaciones del caso.
“Técnicamente, mediante un recurso, solicitamos que se declare la nulidad de todos los procesos que se adelantan contra el presiente Uribe por carecer de competencia”, explicó.
Las masacres de El Aro, San Roque y La Granja ocurrieron entre 1996 y 1997 y el homicidio del líder sindical Jesús María Valle se perpetró el 27 de febrero de 1998, en Medellín.
La decisión se toma en el curso de la indagación previa contra el senador y entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, que estaba engavetada en el despacho del magistrado Gustavo Malo.
Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia entre enero 1995 y diciembre de 1997.
La declaración de lesa humanidad significa que los procesos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado, asociados a las masacres y el homicidio, no prescribirán.
