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El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Buenaventura el traslado de 120 cabecillas de estructuras criminales de esa región que, según dijo, mantienen capacidad de mando sobre organizaciones delincuenciales desde los centros de reclusión y afectan la seguridad en la zona.
De la Espriella aseguró que impartió la instrucción al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que los privados de la libertad sean trasladados a otros establecimientos penitenciarios, con el propósito de impedir que continúen ejerciendo control sobre las estructuras criminales desde las cárceles.
“Acabo de dar la instrucción al director del INPEC que mueva los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”, manifestó.
La decisión fue anunciada durante su visita a Buenaventura, donde el presidente también se refirió a una operación desarrollada en la ciudad. Según relató, mientras se desplazaba desde Quibdó recibió información sobre el operativo, en el que fue capturado uno de los señalados líderes de las estructuras que operan en la zona.
“Bien motiladitos y con uniforme naranja”
De la Espriella afirmó que los integrantes de las organizaciones criminales serán llevados a cárceles en las que tengan mayores restricciones para mantener comunicaciones con el exterior.
“Unos tipos que siguen siendo jefes de las cárceles, se les acabó esa vaina con el tigre, bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarradito, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la santa cruz para que no sigan atacando al pueblo. Se acabó”, sostuvo.
También hubo traslados desde el Quindío
El anuncio en Buenaventura se suma a otros traslados de privados de la libertad realizados por instrucción del presidente.
Según informó el mandatario, varios internos fueron trasladados desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad ubicados en diferentes zonas del territorio nacional.
De la Espriella explicó que estas medidas buscan fortalecer el control de las autoridades dentro de las cárceles y evitar que las estructuras criminales continúen operando desde esos establecimientos.
“El orden carcelario se restablece con hechos concretos, autoridad y determinación operativa”, afirmó.
El presidente señaló además que los movimientos hacen parte de una estrategia para “desarticular las redes criminales que pretendan operar tras las rejas” y garantizar el cumplimiento de las condenas impuestas por la justicia.
Gobierno busca limitar operación criminal desde las cárceles
De acuerdo con el mandatario, los traslados tienen como uno de sus objetivos impedir que los privados de la libertad mantengan comunicación y capacidad de coordinación con integrantes de las organizaciones criminales que permanecen fuera de los centros penitenciarios.
“La medida hace parte de nuestra estrategia permanente para fortalecer el control en las cárceles”, señaló De la Espriella.
El jefe de Estado cerró su pronunciamiento con una definición sobre el propósito de estas acciones: “Las cárceles son para cumplir las penas, no para dirigir el crimen”.
Avanzan los planes de construir megacarceles
Una de las principales propuestas del Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad es la construcción de 10 megacárceles, destinadas a recluir a los criminales considerados más peligrosos.
La iniciativa también busca ampliar la capacidad carcelaria del país y fortalecer el control sobre los internos de mayor peligrosidad.
Para avanzar en este proyecto, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión en la sede presidencial de Barranquilla con la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Justicia, Iván Cancino; y empresarios del sector de la construcción, entre ellos representantes de la constructora Marval. Durante el encuentro se establecieron los primeros parámetros para desarrollar la propuesta.
El Gobierno contempla que estas nuevas cárceles sean construidas por fuera de los centros urbanos y que estén destinadas principalmente a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.
Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en una etapa de planeación y deberá superar diferentes procesos antes de comenzar su ejecución.
Entre los aspectos que se están evaluando están los estudios técnicos, la selección de los terrenos, las vías de acceso, las licencias, la disponibilidad de servicios públicos y las apropiaciones presupuestales.
Además, el Gobierno analiza la posibilidad de utilizar asociaciones público-privadas, conocidas como APP, como mecanismo para financiar parte de la infraestructura y reducir el impacto de la inversión sobre los recursos públicos.
