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LA FM conoció este viernes una alerta temprana emitida en Córdoba por la Defensoría del Pueblo por la difícil situación que atraviesa el departamento por la delincuencia.
La Defensoría ha advertido el uso de incentivos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para poner en riesgo a líderes sociales y comunitarios.
Al respecto, se conoció que hay evidencia de la financiación de grupos criminales por parte del Cartel de Sinaloa de México.
“Los miembros de las AutoDefensas Gaitanistas de Colombia se han presentado en la zona principalmente de Tierra Alta en Córdoba, con diferentes denominaciones tales como 'Grupo de los JJ' y como miembros del Ejercito de Liberación Nacional haciendo ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados por el Cartel de Sinaloa”, cita el informe.
El informe de la Defensoría además alerta sobre la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacia el área rural del municipio de Tierra Alta donde actuaban los frentes 5, 18 y 58 de las Farc.
“Se ha venido presentando reclutamiento de miembros de los frentes 5 y 18 en el área rural de Tierra Alta y del Frente 18 en Puerto Libertador”, indica.
La Defensoría también revela en dicha alerta conocida por LA FM que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia viene empleando la entrega de incentivos para desestabilizar organizaciones comunitarias y poner en riesgo la vida de líderes sociales y comunitarios de esa zona.
El organismo en el informe advierte preocupación por la desarticulación y de la demora de las instituciones para garantizar la reincorporación de miembros de las Farc en Córdoba, lo que estaría facilitando el reclutamiento de estos excombatientes por parte de las AGC.
Ante la situación la Defensoría advierte que la población en Córdoba principalmente en el municipio de Tierra Alta, en los corregimientos de Saiza,Aguila Batatas, Crucito, Frasquillo, Callejas, San Felipe de Cadillo, Palmira, Santa Marta, Santa Fe de Ralito, Bonito viento, Mantagordal y Severina, se encuentran en grave riesgo de confinamiento, desplazamiento, violencia sexual, homicidios selectivos, reclutamiento de menores para ser vinculados sexual y emocionalmente con miembros de las AGC, desapariciones forzadas.
Así mismo resaltó con preocupación el caso de las directivas de las Juntas de acción Comunal y líderes indígenas pues por su ubicación geográfica se ven obligados a tener contacto con los actores armados ilegales de la zona.
La Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía, gobernación de Córdoba, a la UNP y otras instituciones de nivel gubernamental para que emitan las alertas necesarias y medidas ante esta alerta con el fin de proteger a la población víctima que se encuentran en estas zonas.
El documento conocido:
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