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La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia escrito de acusación con el que llamó a juicio al exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y dos magistrados del Tribunal Administrativo de Atlántico, por estar implicados en graves hechos de corrupción judicial.
Por estos hechos, también fueron llamados a juicio los magistrados del Tribunal del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado.
Según las investigaciones hay pruebas contundentes que involucran a estos funcionarios judiciales con la venta irregular de predios que estaban cobijados con medidas cautelares de extinción de dominio.
En el expediente se señala que al parecer se valieron de actuaciones por fuera de la ley y así presuntamente participaron en la aprobación irregular de un acuerdo conciliatorio que permitió la enajenación directa de dos predios de propiedad estatal.
Los investigadores documentaron que estos terrenos conocidos como Cuba y Casablanca, se encuentran ubicados en la vía que de Barranquilla conduce a Puerto Colombia (Atlántico).
Ante los hechos investigados, la Fiscalía anunció que estos servidores judiciales serán acusados como supuestos autores de los delitos de de prevaricato por acción y dos peculados por apropiación en favor de terceros agravados, en concurso heterogéneo.
¡Un negocio millonario!
De acuerdo con los elementos de prueba recolectados por los investigadores entre los años 2009 y 2010, se logró establecer que estos funcionarios de la rama judicial avalaron un acuerdo irregular que dio vía libre a la comercialización de manera directa de estos predios.
En el expediente se recogió el informe de los peritos de policía judicial que determinó que la transacción de estos predios ascendió a cerca de 3.500 millones de pesos.
Lo que le llamó la atención a los investigadores es que la negociación fue mucho menor a la cifra del avaluó real que ascendía a los 36.000 millones de pesos.
