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Las autoridades advirtieron que el subdirector del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila), el coronel Renato Solano, había recibido amenazas previas antes del atentado del que fue víctima recientemente.
Este hecho violento volvió a encender las alarmas sobre el alto nivel de riesgo que enfrentan los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en todo el país.
Aunque dichas amenazas están siendo analizadas dentro del proceso investigativo, las autoridades aclararon que, por ahora, no es posible establecer una relación directa entre estas advertencias y el ataque armado, hasta que se avance en las indagaciones judiciales.
De acuerdo con la información oficial, una de las amenazas habría provenido de un familiar de una persona privada de la libertad, situación que, según el Inpec, no es aislada ni excepcional dentro del ejercicio penitenciario.
No obstante, el coronel Rolando Ramírez, director de Custodia y Vigilancia del Inpec, fue enfático en señalar que el riesgo para los funcionarios no siempre se manifiesta a través de amenazas explícitas o formales, lo que dificulta su detección temprana.
"El primero de noviembre del 2023, saliendo del establecimiento, el coronel Renato manifiesta que una persona, al parecer familiar de un privado de la libertad, le gritan unas amenazas, gritos e improperios, los cuales fueron puestos en conocimiento de la fiscalía", indicó el Coronel Ramírez.
Según cifras entregadas por el Inpecy respaldadas por las autoridades de seguridad, durante el año 2025 se reportaron más de 350 funcionarios penitenciarios amenazados en Colombia, una estadística que evidencia la complejidad del contexto en el que operan las cárceles del país y la vulnerabilidad constante de quienes trabajan en ellas.
“El riesgo que enfrentan los directores y subdirectores de los centros penitenciarios es permanente. No necesariamente tiene que existir una amenaza directa para que se considere una situación de peligro. El solo hecho de ejercer el cargo, de tomar decisiones administrativas y disciplinarias, ya los expone a retaliaciones”, explicó el oficial.
Estas amenazas incluyen intimidaciones verbales, mensajes anónimos, seguimientos y presiones indirectas que, en muchos casos, no son denunciadas por temor o por la dificultad de comprobar su origen.
Las autoridades señalaron que los directores y subdirectores de los centros penitenciarios toman decisiones diarias que impactan directamente a la población carcelaria, como traslados de internos, aplicación de sanciones disciplinarias, restricciones de visitas o controles internos.
“Estas determinaciones, aunque hacen parte de sus funciones legales, pueden generar inconformidades y desencadenar represalias silenciosas por parte de personas afectadas o de redes criminales que operan incluso desde el interior de los establecimientos”, agregó.
Tras el atentado, las autoridades penitenciarias y de seguridad anunciaron una revisión de los protocolos de seguridad, especialmente para aquellos que ocupan cargos directivos.
Paralelamente, avanzan las investigaciones, para esclarecer los móviles del ataque y determinar si existe alguna relación con amenazas previas o con decisiones adoptadas dentro del centro carcelario.
