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La sanción impuesta por el Ministerio Público en diciembre de 2004, tuvo en cuenta que si hubo pruebas suficientes para determinar que Londoño incurrió en un tráfico de influencias, cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia.
Según el proceso, Londoño siendo ministro intervino a favor de la firma italiana Recchi Grandi Lavori Fincosit, para que el ministerio de Transporte le pagara una multa cercana a los 23.000 millones de pesos por concepto de un pleito por el contrato de la vía Bogotá-Villavicencio.
El Consejo de Estado determinó que el tráfico de influencias se configuró porque previo a ser ministro, Londoño fue abogado de la firma italiana, exactamente en 1997.
Una de las pruebas es una comunicación de 2003 que Londoño habría recibido de la firma italiana agradeciéndole sus gestiones en el proceso.
