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El Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si el ELN violó las normas de Derecho Internacional Humanitario o las reglas de guerra, por supuestamente haber participado en el atentado de un concejal de Coromoro, Santander en el año 2006.
El alto tribunal explicó que este caso constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, ya que se trata de la realización de actividades hostiles en contra de la vida e integridad física de miembros de la población civil, que deben estar siempre al margen del conflicto armado interno.
“Esto tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra de 1949, sobre garantías en conflictos no internacionales, donde se afirma como premisa que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional (…) las personas que no participen directamente en las hostilidades (…) serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión, o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”, explicó el fallo.
Asimismo en la sentencia el Consejo de Estado condenó al Estado por la muerte del político, ya que descuidó la protección de su vida, al no tener en cuenta las amenazas de los grupos armados contra los alcaldes y concejales de todo el país en vísperas de las elecciones del 12 de abril de 2006, lo cual constituyó una violación al principio democrático y a los derechos políticos.
“Bajo ninguna circunstancia puede concebirse que el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos suponga una amenaza o exposición antijurídica a los derechos humanos fundamentales de sus titulares”, indicó la sentencia.
