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Varios congresistas firmaron un documento de respaldo al Procurador General, Gregorio Eljach. En la misiva, expresaron su rechazo frente a las afirmaciones realizadas recientemente por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre contra el jefe del Ministerio Público.
El respaldo parlamentario al órgano de control se da en medio de tensiones entre poderes y descalificación por parte del ministro Montealegre al Procurador, lo que llevó a poner en tela de juicio la idoneidad de Gregorio Eljach para estar en el cargo.
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La tensión entre los funcionarios públicos se registró luego de que el jefe de la cartera de Justicia anunciara que denunciaría al Procurador por la presunta comisión del delito de prevaricato, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación disciplinaria contra el Ministro de Justicia por presunta participación en política, por supuestamente referirse a las candidaturas presidenciales, entre ellas la de Abelardo De la Espriella, y la del expresidente Álvaro Uribe al senado.
Por lo anterior, el ministro Montealegre manifestó que Eljach Pacheco decidido aliarse con el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella para "amordazarlo", lo que a juicio de Montealegre se tipificó la conducta de prevaricato.
En este sentido, varios congresistas expresaron su total respaldo al Procurador, Gregorio Eljach y también descalificaron los señalamientos de Montealegre que a su juicio quebranta el principio de respeto y colaboración entre las ramas y órganos del poder público.
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"Esas manifestaciones no solo lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida, sino que además constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país, al desconocer la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación en su calidad de órgano de control", señaló el escrito firmado por más de 20 congresistas.
Los parlamentarios también destacaron que el Procurador haya ejercido una labor transparente como jefe del Ministerio Público en el ejercicio de la defensa de los derechos de la ciudadanía y, especialmente, en la promoción de los procesos electorales; así como su preocupación por los diálogos regionales, la salud y el respeto entre las instituciones del Estado.
