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Tras varios meses de investigación, la Justicia Penal Militar y Policial condenó a dos soldados al comprobarse su participación en la sustracción de material de guerra, que posteriormente habría sido negociado con un grupo armado ilegal en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
De acuerdo con el proceso adelantado por la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, a finales del mes de marzo los uniformados habrían sustraído armamento de una unidad militar para venderlo por $30 millones de pesos a una estructura armada que delinque en el sur del departamento.
"Los juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenaron a los dos soldados, porque la investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial confirmó que la venta se hizo por 30 millones de pesos a integrantes de un grupo armado organizado (...)", reza el boletín.
De acuerdo con el comunicado, el armamento constaba de un fusil, un proveedor y más de 30 cartuchos para el mismo.
Investigación dentro de la Justicia Penal Militar
La Fiscalía Penal Militar y Policial logró establecer la responsabilidad de los dos uniformados mediante labores de investigación y recolección de pruebas, lo que permitió que el caso llegara a decisión judicial.
Los condenados fueron hallados responsables de los hechos y recibieron sentencia que incluye prisión, inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas y su separación definitiva de la institución.
Jamundí, un territorio marcado por la disputa armada
El caso se conoce en medio de un complejo escenario de orden público en el municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, zona ha sido escenario de disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial.
Según información oficial, el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc ha sido señalado como responsable de múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Incluso, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que en lo corrido del año se han registrado más de 30 ataques con drones atribuidos a este grupo armado ilegal contra tropas del Ejército Nacional.
Las autoridades han advertido sobre la presencia de estructuras criminales que buscan controlar corredores estratégicos en esta zona del suroccidente del país, lo que ha incrementado las operaciones militares y la presión sobre la Fuerza Pública.
Este hecho de corrupción interna se suma a las preocupaciones por la seguridad en la región y la posible infiltración de actores ilegales en zonas de operación militar.
¿Cómo impacta este tipo de hechos en zonas como Jamundí, golpeadas por la violencia?
En territorios con fuerte presencia de grupos armados, estos casos agravan la situación de seguridad. Alimentan la capacidad de fuego de estructuras ilegales y aumentan la desconfianza de la población hacia las instituciones, en medio de un contexto ya marcado por ataques y disputas territoriales.
¿Qué ocurrió con los dos soldados condenados por la Justicia Penal Militar?
Fueron hallados responsables de sustraer armamento de una unidad militar y venderlo por 30 millones de pesos a un grupo armado ilegal que opera en el sur del Valle del Cauca. La investigación confirmó que entregaron un fusil, un proveedor y más de 30 cartuchos.
¿Qué sanciones recibieron los uniformados por estos hechos?
Los juzgados 1203 y 1204 Penal Militar y Policial los condenaron a prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas y su separación definitiva de la institución, tras comprobarse su responsabilidad en la venta del material de guerra.
