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La Fiscalía General de la Nación citó a responder en indagatoria tras vincular formalmente a investigación al exdirector de la Dijin de la Policía Nacional, general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón; al exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general en retiro Fabio Campos Silva, dentro del proceso que se sigue por el secuestro, tortura y ataque sexual del que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000.
La decisión fue adoptada por parte de una fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional quien también vinculó a investigación al exsubdirector del Inpec, Luis Bernardo Maldonado Bernate; al exasesor de la Dirección del Inpec, Jaime Gallo Zuleta; al exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, Reinaldo Fierro Rico; y al exintegrante del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Evangelista Basto Bernal.
En desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía delegada estableció que los agentes del Estado, en ejercicio de sus cargos, “habrían omitido sus funciones, permitido el ingreso a la cárcel La Modelo de Bogotá de armas de fuego y elementos prohibidos por el Reglamento Penitenciario, y facilitado el actuar criminal de paramilitares privados de la libertad”.
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Así mismo, se determinó con base en los hechos denunciados que la periodista Jineth Bedoya Lima fue víctima de seguimientos, previamente planificados en distintas reuniones entre internos de la cárcel La Modelo, y de fragmentos de violencia sistemática, sexismo y hostigamiento, de cara a su ejercicio periodístico y por su condición de mujer.
“Esto ocurrió con la posible mirada complaciente de integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado. Por estos hechos, los cinco exfuncionarios y Basto Bernal serán vinculados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado”, indicó la fiscal delegada.
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La Fiscalía precisó que este proceso avanza de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000, sin perjuicio de la competencia de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP).
