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Si hay un hecho que causó indignación a Colombia en 2021 fue el escándalo del Ministerio de las TIC y el contrato con Centros Poblados que tenía como propósito llevar Internet a los colegios públicos del país.
Fue a mediados de agosto pasado que se conoció que el contrato que había sido adjudicado en diciembre de 2020 por $1.07 billones presentaba duras irregularidades y había algo detrás que advertía una actuación non sancta. De hecho, se dieron los primeros indicios de la pérdida de $70.000 millones del anticipo.
En este caso, en un periodo de menos de dos meses, la Fiscalía General de la Nación logró hacer afectivas las órdenes de captura en contra de Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, como cabezas de Centros Poblados y partes activas de las falsedades dentro del proceso contractual.
Ahora bien, en desarrollo de la investigación, una de las líneas trazadas por la Fiscalía tiene que ver con dónde están los $70.000 millones del anticipo.
En diálogo exclusivo con La FM, el fiscal Francisco Barbosa anunció que actualmente se trata de llegar a los respectivos preacuerdos para poder recuperar ese dinero, algo en lo que se va por “buen camino”.
“Lo importante es decirle al país que se van a lograr recuperar los $70.000 millones del contrato”, recalcó Barbosa.
La intención con los preacuerdos es que las personas que están involucradas entreguen los recursos que completarían los $70.000 millones, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República ya surtió un proceso de embargos.
Cuatro vinculados más
El Fiscal Francisco Barbosa dijo además que cuatro personas adicionales serán vinculadas al proceso por delitos como peculado por apropiación en favor de terceros.
Aunque no quiso ahondar en quiénes, fue claro en anunciar que son quienes participaron activamente dentro de la contratación.
Como parte de la cronología de este escándalo vale la pena recordar que todo llevó a la renuncia de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen.
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