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Tras un trabajo conjunto entre la Policía, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados alias “Richard”, jefe de una estructura criminal, y alias “Orejas”, sicario de la misma banda, señalados como presuntos responsables del asesinato del comerciante Emiro Díaz Rincón, en el municipio de Piedecuesta, Santander.
El operativo se desarrolló en el barrio Los Cisnes, zona urbana de Piedecuesta, donde los presuntos responsables se ocultaban tras cometer el homicidio ocurrido el pasado 28 de junio.
Según las autoridades, alias “Richard”, oriundo de la Costa Atlántica, tiene más de 10 años de trayectoria delictiva y pertenece a la subestructura Nicolás Antonio Rango Reyes del GAO Clan del Golfo. En la actualidad, lideraba una banda delincuencial conocida como “Cordillera”, desde la cual ordenaba homicidios, extorsiones y amenazas en la región.
El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó, “a su llegada a Piedecuesta, alias ‘Richard’ reclutó y entrenó a un grupo de ciudadanos. Inicialmente extorsionaba a personas vinculadas con actividades ilegales como la venta de chance, pero luego amplió las amenazas a comerciantes formales del municipio. Hace aproximadamente un mes, asesinó a un comerciante en zona rural, dejando un panfleto firmado por ‘Cordillera’.”
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El oficial también reveló que el cabecilla pagaba un salario de 800 mil pesos cada 15 días a por lo menos 10 personas para ejecutar homicidios selectivos, como el caso de Emiro Díaz, quien habría sido asesinado por negarse a pagar extorsión.
Con base en seguimientos e interceptaciones, las autoridades realizaron varias diligencias de allanamiento que permitieron la captura de cinco personas, incluyendo a alias “Richard” y al presunto sicario que participó en el crimen de Díaz.
La estructura criminal no solo se dedicaba a la extorsión de comerciantes formales e informales, sino también a la distribución de drogas en expendios móviles y fijos, la difusión de panfletos intimidatorios, la adquisición ilegal de armas y el reclutamiento de nuevos integrantes para actividades delictivas.
Según la investigación, la banda obtenía rentas ilegales mensuales cercanas a los 80 millones de pesos, mediante el cobro de “cuotas extorsivas” que oscilaban entre 500 mil y 5 millones de pesos.
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