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La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a quien se le atribuyó el apodo de ‘calladita’, por sus cargos en el Ejército, antes de que fuera integrante de esa corporación, envió un oficio al fiscal general, Francisco Barbosa, pidiendo de que devuelvan el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Armando Benedetti.
El envío de ese expediente lo ordenó el magistrado Cesar Reyes, quien tenía a su cargo estudiar una recusación contra ella en ese caso.
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Lombana le dijo al fiscal que su colega no tenía la competencia para ordenar ese traslado, porque él no era el ponente del proceso y porque solamente estaba facultado para decidir sobre la recusación.
“La decisión sobre el decaimiento de la competencia correspondía emitirla al Magistrado(a) Ponente, ello ha debido hacerlo la suscrita, previo el pronunciamiento respectivo de la Sala acerca de la recusación, cuya elaboración del proyecto era para lo único que estaba facultado el doctor Reyes Medina”, se indica en el oficio.
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La Corte informó que fueron cuatro investigaciones que se enviaron a la Fiscalía por los delitos de presunto enriquecimiento ilícito, trafico de influencias, violación de comunicaciones y otro por injuria y calumnia que fueron firmados por los magistrados Reyes, Héctor Alarcón, y Misael Rodríguez.
“No compartir que si algunos de los integrantes de la Sala -desconociéndose si fue la mayoría- sostuvieron que la decisión podía adoptarla el Magistrado Ponente, según lo convenido por la misma en acta ordinaria No. 47 de quince (15) de octubre de 2020, como se dice en el auto censurado, éste se haya proferido por quien apenas tenía asignado como encargo el proyecto de decisión de la recusación, sin tener adjudicado el expediente como Ponente, ya que dicha calidad no me había sido despojada al no haberse resuelto la referida recusación”, añadió la magistrada en el oficio enviado al fiscal Barbosa.
