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Aunque estaba todo listo para iniciar el juicio disciplinario contra el exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons, por el escándalo del cartel de la hemofilia, su abogado solicitó suspender la diligencia al considerar que existían inexactitudes en las fechas las cuales se acusa a Lyons.
Para el abogado Álvaro Lyons, la Procuraduría deberá revisar con lupa las fechas exactas en las cuales se presentaron las irregularidades por el pago de servicios de salud a falsos pacientes de la enfermedad.
“En aras de garantizar el debido proceso el procurador va a revisar el acto (...) en efecto existe un error porque se están hablando de hechos sucedidos en el 2016 y él fue gobernador hasta el 2015”, indicó el abogado.
En medio de la audiencia, la Procuraduría formuló cargos por dos faltas disciplinarias que fueron consideradas graves.
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El abogado señaló que “aunque haya aceptado cargos cuando fue gobernador, no puede hacer hechos de cuando no era mandatario”.
El primer cargo contra Lyons se relaciona con irregularidades en la prestación de servicios para atender pacientes con hemofilia que eran pagados por la Gobernación de Córdoba, en los recobros de los medicamentos no POS de las vigencias 2013 – 2015.
Según la Procuraduría, dicha irregularidad habría beneficiado a Lyons con un presunto incremento injustificado de su patrimonio. Lo mismo habría sucedido a favor de IPS Unidos por su Bienestar S.A.S.
En el segundo cargo disciplinario la Procuraduría reprocha que el entonces gobernador habría, presuntamente, aceptado dinero por realizar un acto propio de sus funciones, durante los años 2013 a 2015.
Cabe mencionar que en 2015 se firmaron una serie de contratos para atender a pacientes con hemofilia. Sin embargo, estos pacientes nunca existieron y el dinero llegó a los bolsillos de funcionarios de la Gobernación para financiar campañas políticas.
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Se estima que se presentó un desfalco de 2000 millones de pesos al departamento de Córdoba, en medio del contrato que fue entregado directamente a una fundación que no contaba con la experiencia ni la capacidad para asumir ese tipo de terapias.
La Procuraduría también formuló pliego de cargos contra el exgobernador Edwin Besaile, por su presunta omisión en la vigilancia y control de las funciones de la secretaria de Salud.
En su caso se se habrían realizado pagos de manera irregular superiores a los 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., para la entrada de medicamentos NO POS a 14 pacientes que supuestamente padecían de dichas enfermedades,
La Procuraduría señaló que dichos pagos se efectuaron a pesar de las observaciones y advertencias de la Contraloría General, en las que advertía sobre el incremento injustificado en el patrimonio de la IPS.
