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El patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez, en servicio activo, y el intendente jefe Francisco Leandro Gutiérrez, en uso de buen retiro, fueron capturados y judicializados por su presunta vinculación con el Clan del Golfo.
La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de cohecho, prevaricato por omisión, hurto y concusión, al considerar que habrían favorecido a esa organización criminal mediante la filtración de información reservada y otras actuaciones que hacen parte del proceso investigativo. Ambos procesados no aceptaron los cargos.
Policía reitera su compromiso con la transparencia
Sobre este caso, el subcomandante del Departamento de Policía Risaralda, teniente coronel Jhon Frank Buitrago, explicó que la investigación fue adelantada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional. Además, reiteró que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a hechos de corrupción.
"Frente a la judicialización de un funcionario de la Policía Nacional en servicio activo y otro en uso de buen retiro por su presunta vinculación con las actividades relacionadas con un grupo armado organizado, la institución reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción", manifestó el oficial.
El uniformado agregó que las capturas corresponden a una investigación por hechos ocurridos durante 2025.
"La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional permitió materializar las capturas y la imputación de cargos por presuntos hechos ocurridos en el año 2025 relacionados con el favorecimiento de una estructura delincuencial y la filtración de información reservada. Los procesados no aceptaron los cargos", señaló.
El expediente tendría un alcance mayor
De acuerdo con información conocida sobre el proceso, el expediente investigativo iría más allá de los presuntos actos de corrupción y buscaría establecer si las actuaciones de los uniformados facilitaron el fortalecimiento del Clan del Golfo en el Eje Cafetero.
Entre las hipótesis que analizan las autoridades está la presunta omisión de alertas sobre la planeación de homicidios, la posible destrucción de elementos materiales probatorios y el eventual obstáculo a procesos judiciales contra esa organización criminal.
Así mismo, esos reportes indican que la Fiscalía también investiga una presunta exigencia de dinero para omitir procedimientos policiales y una posible participación en la fuga de un integrante del Clan del Golfo. Sin embargo, estos hechos continúan siendo materia de investigación y será el proceso judicial el que determine la responsabilidad de los capturados.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Quiénes fueron capturados?
El patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez, en servicio activo, y el intendente jefe Francisco Leandro Gutiérrez, en uso de buen retiro.
¿Por qué fueron judicializados?
La Fiscalía les imputó los delitos de cohecho, prevaricato por omisión, hurto y concusión, por su presunto favorecimiento al Clan del Golfo mediante la filtración de información reservada.
¿Qué dijo la Policía Nacional?
El subcomandante de la Policía de Risaralda afirmó que la institución apoyó la investigación, reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que continuará colaborando con las autoridades judiciales.
¿Qué otros hechos hacen parte de la investigación?
Las autoridades investigan si los uniformados habrían facilitado el fortalecimiento del Clan del Golfo en el Eje Cafetero, omitido alertas sobre homicidios, obstaculizado procesos judiciales, permitido la destrucción de pruebas y participado en otros hechos que aún son materia de investigación.
