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Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló con LA FM del proceso de indagatoria que cumple el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante el alto tribunal por los delitos de soborno y fraude procesal, en el marco de un proceso por supuesta manipulación de testigos.
"Esta es la gran oportunidad para que la persona exprese todo lo que tiene que decir sobre una investigación. Una vez termine, la Corte, en su Sala de Instrucción, tiene 10 días para tomar una decisión: si continúa la investigación, si dicta una medida de aseguramiento, que creo que en este caso no es procedente. O simplemente no ve ningún merito y deja la cosa archivada", aseguró el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
"Es posible que la Corte no termine hoy. Puede durar otro par de días. Para la extensión de la indagaotoria dura lo que se demore la Sala de Instrucción", aseguró el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Los magistrados de la Sala de Instrucción a cargo del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez escucharán la ponencia de César Augusto Reyes Medina, el togado que escucha al exmandatario. Al consultarle a Arrubla por los señalamientos en el sentido de que la Corte puede estar politizada, respondió: "a los senadores, a los altos dignatarios, no los juzga un juez común y corriente que pudiera verse afectado en su independencia por este tipo de presiones".
Arrubla Paucar recordó que los magistrados de la Corte Suprema no se dejan presionar. "Magistrados de este tipo no se dejan presionar, hagan las manifestaciones que hagan, en un sentido o en el otro. La Corte no tiene por qué sentirse presionada".
Uribe llega a la Cote por una demanda que presentó él mismo contra el senador Iván Cepeda, al que acusó de buscar exparamilitares en las cárceles para usarlos como falsos testigos con el fin de que declararan en su contra, específicamente de haber fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Cepeda hizo las primeras revelaciones en 2012 y en septiembre de 2014 le hizo un debate a Uribe en el Congreso en el que lo acusó de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes. Uribe, líder y senador del partido Centro Democrático, hoy en el Gobierno, procesó a Cepeda pero la demanda se le convirtió en un bumerán ya que el magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al exmandatario por supuesta manipulación de testigos contra el senador del Polo Democrático.
Los testigos de uno y otro son en su mayoría exparamilitares presos y condenados quienes han dado distintas declaraciones, de algunas de las cuales se han retractado, en las que afirman haber recibido dinero o promesas de ayuda a cambio de declarar a favor o en contra de Uribe. Entre ellos está el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve que hizo parte del Bloque Metro, que operaba en la zona de Medellín, y quien paga una condena de 40 años en la cárcel bogotana de La Picota.
Monsalve aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda que fue propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones, lo que ha sido negado por el expresidente. El preso redactó después una carta en la que se retractaba de lo dicho y la hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia, en la que al final anotó que lo hacía "bajo presión".
Como supuesto responsable de la maniobra de retractación aparece el abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes y señalado de haber visitado cárceles para convencer a exparamilitares presos, entre ellos Monsalve, de que declararan a favor de Uribe.
Por si fuera poco, a finales de septiembre el periodista Daniel Coronell, director de noticias de Univisión y crítico de Uribe, publicó en su columna de la revista Semana una información según la cual la Corte Suprema y la Fiscalía tienen en su poder la grabación de una comprometedora llamada telefónica del abogado Cadena con su hermano Álvaro, referente a él.
En la llamada, Cadena, usando un vocabulario soez, le dice a su hermano que hay que "hacerle una fiesta" a Coronell, que "tiene un fetiche (...) con Uribe", por sus constantes denuncias sobre el expresidente. Las llamadas interceptadas por la justicia son otro componente y motivo de polémica en este caso, pues la Fiscalía tuvo acceso a numerosas conversaciones de Uribe, supuestamente por equivocación cuando investigaban otro caso, de un excongresista.
Los abogados del expresidente aseguran que se trató de una maniobra ilegal porque los agentes investigadores afirman que solo se dieron cuenta de que la persona interceptada era Uribe después de un mes escuchando las conversaciones y de allí extrajeron información para el proceso contra el exmandatario.
Con todos esos ingredientes en su poder, el pasado 19 de agosto la Corte Suprema citó a indagatoria a Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático, acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal. Los dos tendrán que comparecer ante el magistrado César Reyes Medina, quien en mayo pasado asumió el caso iniciado por su colega Barceló, que se retiró de la Corte Suprema dos meses antes al cumplir su periodo.
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La decisión que tome la Corte, que incluso podría ordenar la detención preventiva de Uribe, tiene a los colombianos más divididos que nunca y podría alterar el balance político del país a escasos 20 días de las elecciones para alcaldes y gobernadores.
Escuche al exmagistrado Jaime Arrubla
