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El juez noveno de control de garantías reprogramó para el 2 de octubre la audiencia en la que se solicitará la prórroga del principio de oportunidad del exjefe de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero.
El funcionario judicial determinó que debido a que no se pudo realizar la respectiva conexión con la cárcel de Carolina del Norte (Estados Unidos) en la que se encuentra Moreno la diligencia judicial se tuvo que suspender.
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En este caso se manifestó que en diferentes misivas Moreno ha manifestado su claro interés de participar en la diligencia judicial vía teleconferencia.
En la diligencia se dejó constancia del trámite que se debe adelantar para una carta rogatoria como la que ha presentado Moreno ante el despacho del fiscal General (e) Fabio Espitia.
Considera que debido al interés nacional que rodean este caso y la importancia que tiene la información que ha entregado Moreno es necesario blindar este caso para evitar cualquier tipo de vulneración a su derecho al debido proceso.
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El abogado Pedro Aguilar, quien defiende los intereses del exfiscal Moreno, aseguró que su cliente sigue comprometido con entregar toda la información sobre los hechos de corrupción que se presentaron en la Rama Judicial.
"Son 26 personas, ya el Fiscal General hizo un planteamiento sobre la importancia de estas declaraciones puesto ya hay personas acusadas, incluso una persona con preacuerdo y otras investigaciones que están adelantando en temas de corrupción en la justicia", precisó el jurista.
Moreno firmó un principio de oportunidad para que se suspendiera la persecución penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (sobornos) y utilización indebida oficios privilegiada.
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El exfiscal anticorrupción se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos cumpliendo una condena de 48 meses de prisión por recibir sobornos del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus para archivarle la investigación que se adelantaba por el 'cartel de la hemofilia' y el mal manejo de regalías.
Moreno reconoció su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y recepción de sobornos, como parte de la red conocida como el 'cartel de la toga'. Igualmente la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cuatro años y diez meses de prisión.
