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Alejandra Méndez, joven detenida en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, publicó un video en el cual explica qué ha sucedido con su caso, un año después de ser detenida por el atentado en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá.
Las imágenes de Alejandra Méndez están acompañadas de un escrito en el cual da cuenta de su proceso judicial en el marco del atentado al Centro Comercial Andino, perpetrado el 17 de junio de 2017, cuando en el baño de mujeres del establecimiento comercial fue detonado un artefacto. El hecho provocó la muerte de tres personas y heridas a ocho más.
"En repetidas ocasiones hemos denunciado a través de distintos medios las numerosas irregularidades que se han presentado a lo largo de nuestro proceso, desde detenciones ilegales, pasando por interpretaciones y fallos amañados de algunos jueces de turno, hasta la demora y entrega incompleta de material probatorio por parte de la Fiscalía", señala la joven a través de un video publicado a través de Diana Méndez Molano, su hermana.
"A esto se suma la condena publica, el señalamiento y la criminalización ejercida por los medios de comunicación que en sus titulares no han dudado en denominarnos como terribles y peligrosos criminales soslayando no solo nuestros derechos, sino también principios rectores de un estado social de derecho como lo son presunción de inocencia y el debido proceso", agregó.
En diálogo con LA FM en 2017, Néstor Julio Méndez, padre de Alejandra Méndez Molano, dijo que su hija era un falso positivo judicial. “Estamos muy indignados dado que Alejandra Méndez Molano, nuestra hija, nos la han vinculado con una situación donde ella no tiene absolutamente nada que ver”, dijo.
De acuerdo con su relato,su hija “es una abogada de la Universidad Nacional, lleva más de un año coordinando más de 20 abogados que están resolviendo el litigio del botadero de Doña Juana. Hay videos de su oficina de su hora de entrada y salida”.
El padre de Alejandra aseguró en LA FM que su hija no es militante de ningún partido político de derecha o izquierda, pero que estuvo en la mesa MANE durante las discusiones de la educación pública.
Últimas decisiones de la Fiscalía al respecto
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 48 Penal del Circuito de conocimiento dejó en firme, el 10 de noviembre de 2017, la medida de aseguramiento proferida por un juez de garantías según la cual los presuntos integrantes de una red terrorista que detonó un artefacto explosivo en el Centro Comercial Andino son un peligro para la sociedad.
De acuerdo con el fiscal del caso, no han variado los requisitos iniciales que originaron la privación de la libertad de los presuntos delincuentes. Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), grupo que ha reivindicado varios de los atentados similares en la ciudad.
Asimismo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el análisis a más de 250 cámaras del sector y contrastó retratos hablados que inducen a corroborar la responsabilidad de los procesados en esos hechos.
Este es el escrito de Alejandra Méndez
Extendemos un saludo fraterno a familiares, amigos, amigas y compañeros de presidio. En repetidas ocasiones hemos denunciado a través de distintos medios las numerosas irregularidades que se han presentado a lo largo de nuestro proceso, desde detenciones ilegales, pasando por interpretaciones y fallos amañados de algunos jueces de turno, hasta la demora y entrega incompleta de material probatorio por parte de la fiscalía.
A esto se suma la condena publica, el señalamiento y la criminalización ejercida por los medios de comunicación que en sus titulares no han dudado en denominarnos como terribles y peligrosos criminales soslayando no solo nuestros derechos, sino también principios rectores de un estado social de derecho como lo son presunción de inocencia y el debido proceso.
También hemos denunciado la persecución y hostigamiento a nuestras familias, amigos y amigas, quienes son presas de evidentes seguimientos en sus casa, lugares de trabajo o incluso cuando hacen fila para ingresar a la visita en la cárcel, cada vez es más descarada la presión que pretenden ejercer sobre nosotros, valiéndose de medios ilegales y amedrentamiento. Han allanado las casas de nuestras familias y durante las diligencias los han amenazado con vincularlos a procesos judiciales “si no colaboran”, sobre la familia de Violeta Arango recaen constantes presiones violentas.
Hoy denunciamos el sucio accionar de quienes ingresaron a la oficina de una de nuestras abogadas defensoras, lugar habitual de reunión de la bancada de defensa, de allí extrajeron un computador, dispositivos de almacenamiento y su portafolios, en estos reposaba información relevante para nuestro caso, evidentemente no se trata de un simple hurto dado que no se llevaron ningún artículo de valor o dinero.
Basta con observar esta seguidilla de irregularidades y abusos para concluir que se trata de un deliberado acoso sistemático y permanente, práctica habitual e institucionalizada en Colombia, o sino miremos como son desplazados, amenazados y asesinados líderes y lideresas a lo largo y ancho de País por abanderar posturas democráticas o de oposición, por ser defensores de derechos humanos y cuyos homicidios son presentados como “crímenes pasionales” “ajuste de cuentas” o hechos aislados. Cuando la mentira se propaga de esta manera y se banaliza vulgarmente lo que ocurre, la verdad se aleja cada vez más y se termina por encubrir a los verdaderos culpables.
Este accionar sucio evidencia no solo la necesidad que tienen algunos sectores de que nos condenen, también pone en manifiesto la dificultad de vincularnos legalmente con los hechos que se nos acusan, porque tienen que recurrir a la mentira y la persecución.
No obstante seguiremos insistiendo en nuestra inocencia, continuaremos denunciando las violaciones de derechos a las que estamos siendo sometidos y sometidas junto con quienes nos rodean y acompañan, es por eso que hemos adelantado las acciones pertinentes ante las autoridades competentes.
La seguridad y la integridad de nuestras familias, abogados, amigos y la nuestra están bajo tutela del Estado Colombiano y lo que pueda ocurrirles será su responsabilidad. Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos apelando a su solidaridad para que tanto nuestro proceso judicial como el desarrollo de la vida de los nuestros tengan un especial acompañamiento y seguimiento.
Reclusion de mujeres de Bogotá.
