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Una nueva asonada registrada en zona rural del municipio de Curillo, en el departamento del Caquetá, estuvo a punto de frustrar una operación militar que buscaba asestar un golpe contundente a las economías ilícitas derivadas de la minería ilegal de oro. Según informó el Ejército Nacional, un grupo de civiles intervino para impedir el final del procedimiento, presuntamente tras ser constreñido y presionado por integrantes de un grupo armado organizado residual que delinque en la región.
El hecho encendió las alertas de las autoridades, que advierten sobre el uso de comunidades como mecanismo de presión para proteger actividades criminales y obstaculizar la acción de la Fuerza Pública.
La operación militar y el hallazgo de maquinaria ilegal
La situación se presentó en medio de operaciones adelantadas por tropas de la Décima Segunda Brigada, que desarrollaban tareas de reconocimiento táctico sobre la cuenca del río Caquetá, dentro de la estrategia militar para debilitar las fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales.
Durante el procedimiento, los soldados lograron ubicar e inutilizar un “dragón”, maquinaria empleada para la extracción ilícita de oro y que, de acuerdo con información preliminar, pertenecería al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Raúl Reyes.
Las autoridades estiman que este equipo tendría una capacidad de producción cercana a tres kilogramos de oro mensuales, lo que representaría ingresos aproximados de 1.770 millones de pesos en el mercado ilegal, recursos que presuntamente financiarían actividades criminales.
La asonada que obligó a suspender la operación
Cuando las tropas avanzaban hacia la destrucción controlada de otro dragón y siete dragas adicionales ubicadas en el sector, se produjo la asonada que obligó a suspender la operación por razones de seguridad.
De acuerdo con el Ejército, civiles habrían impedido el procedimiento, situación que evidencia —según la institución— la presión ejercida por estructuras ilegales sobre la población para proteger sus rentas ilícitas. Este tipo de acciones, advierten las autoridades, expone a las comunidades a riesgos jurídicos y de seguridad.
