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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que se adelantaba contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama por presunta violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín el alto tribunal determinó que el exmandatario departamental no incurrió en ninguna irregularidad cuando suscribió un contrato de concesión minera para la explotación de arenas y gravas en un predio en el municipio de Santa Rosa de Osos en mayo de 2012.
La investigación señalaba que no se podía firmar esta concesión puesto que el predio que iba a ser explotado era propiedad del esposo de Beatriz Elena White Correa, quien había sido nombrada como secretaria de participación ciudadana y desarrollo social del departamento de Antioquia.
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Sin embargo, el 13 de julio de 2018 la Fiscalía General solicitó precluir tal investigación aduciendo que el entonces Gobernador no tenía conocimiento sobre la relación del dueño del predio con la funcionaria, sosteniendo que Fajardo actuó “motivado por una falsa representación” en este caso.
La Corte Suprema aceptó los argumentos expuestos por el ente investigador y concluyó que en efecto el exmandatario departamental no fue informado del posible conflicto de intereses que se estaría presentando con la firma de este contrato de concesión minera.
Para el alto tribunal, las pruebas recolectadas permiten inferir que Fajardo “no tenía motivos para dudar o poner en tela de juicio la labor adelantada por sus subalternos y carecía de los conocimientos especiales para advertir autónomamente la posible consolidación de la causal”.
En el debate jurídico se concluyó que Fajardo nunca fue informado de la situación que se estaba presentando por las funcionarias que había designado para los temas mineros. Al contrario, le señalaron que todas las solicitudes para realizar explotaciones cumplían con los requisitos exigidos.
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Reconociendo así que para la firma del cuestionado contrato no contaba con los conocimientos especiales sobre el tema de la concesión minera ni tenía información jurídica necesaria para entender que “en esta clase de procesos contractuales aplican las inhabilidades”.
En este punto se resalta que las pruebas recolectadas en la indagación “reafirman que en este caso, como en los restantes contratos de concesión minera suscritos por Sergio Fajardo Valderrama, se cumplieron a cabalidad los protocolos contractuales previamente establecidos en la administración municipal y se otorgó, en cada uno de los comités adelantados, el visto bueno para su celebración por parte de los funcionarios encargados del análisis de sus condiciones jurídicas, por manera que el resultado antijurídico no es producto de su actuar consciente y voluntario”.
