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Ante la Comisión primera del Senado de la República los presidentes de las Altas Cortes presentaron sus conceptos sobre los proyectos a la Reforma a la Justicia; concordaron en que se debe inyectar un presupuesto fijo a la Rama Judicial y no se debe reformar la tutela.
El primero en intervenir ante los senadores fue el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Germán Bula, quien consideró que debe hacerse ‘una cirugía profunda’ a la administración de la Rama Judicial, pero no dejó de lado la necesidad de “una asignación presupuestal constitucional".
Presupuesto
El magistrado Bula señaló que el dinero de presupuesto para la Rama en el país ha oscilado en el 1,42% del presupuesto general de la Nación, “mientras que en América Latina hay presupuestos constitucionales desde el 2% como en Estados Unidos”.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Sanabria dijo que el problema estructural de la Rama radica en la “falta asignación de recursos para atender la administración de justicia”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló también pidió un porcentaje fijo en busca del mejor funcionamiento de la justicia con el fin de dar respuesta pronta al ciudadano de a pie.
Barceló además criticó que la Fiscalía tenga independencia presupuestal y la Rama Judicial deba depender del Ministerio de Hacienda “que a cuenta gotas suministra los recursos para la Rama”.
Tutela
Sobre la tutela, los tres magistrados concordaron en que la Reforma a la Justicia no puede modificar la tutela, que es considerada como el único mecanismo para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
En ese punto, Barceló hizo fuertes cuestionamientos al Estado sobre los incumplimientos a la preservación de los derechos fundamentales.
“La tutela hay que preservarla al máximo lo qué pasa es qué hay que fijar algunos ajustes para su viabilidad frente a la congestión judicial (...) un alto porcentaje de las tutelas son por incumplimientos del Estado como la salud, la educación”, dijo Barceló.
Los magistrados también mostraron su conformismo con incrementar las exigencias para ser magistrado de las Altas Cortes y la posibilidad de que ése sea el último cargo al que se pueda aspirar siempre y cuando exista la jubilación.
