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Una seria alerta de seguridad fue puesta en conocimiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano Garavito, por el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, quien advirtió sobre un posible riesgo contra los integrantes de esa corporación y sus familias, luego de la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como “Kiko Gómez”.
En un oficio dirigido al presidente de la Sala Penal, el magistrado Urbano relató una serie de hechos que, según su consideración, podrían estar relacionados con amenazas contra funcionarios judiciales que participaron en el proceso contra Gómez Cerchar.
De acuerdo con la información oficial, la alerta se conoce después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, el pasado 29 de abril de 2026, revocara la absolución que había sido dictada por el Tribunal Superior de Bogotá y condenara a “Kiko Gómez” por homicidio agravado.
La decisión, adoptada de manera unánime, estableció una pena de 31 años y 8 meses de prisión. La sentencia continúa vigente, aunque el propio magistrado Urbano advierte que eventualmente podría ser objeto de una acción de tutela.
Información sobre posibles asesinatos
En el documento, el magistrado también hizo referencia a una información que comenzó a circular la semana pasada en diferentes plataformas digitales.
Según esa versión, un “poderoso asesino guajiro”, actualmente privado de la libertad y con varias condenas en firme, habría pedido a sus familiares que renunciaran a los cargos públicos que ocupaban y se trasladaran a Italia, país donde tendría nacionalidad.
La razón, de acuerdo con esa información, sería que el condenado habría manifestado que ya había ordenado los asesinatos de tres personas y que no quería que sus familiares más cercanos quedaran al alcance de la justicia colombiana cuando esos hechos ocurrieran.
El magistrado no presenta esa versión como un hecho judicialmente comprobado, pero explica que la circulación de esa información generó preocupación entre funcionarios que participaron directamente en el proceso.
Preocupación de funcionarios judiciales
El oficio señala que el pasado 26 de agosto, la Procuradora Judicial II Gloria Guzmán Duque acudió a la oficina del magistrado Urbano para expresarle su “profunda preocupación” por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso.
Según se informó, Guzmán Duque había presentado una de las demandas de casación contra la absolución que inicialmente había favorecido a Gómez Cerchar.
Pero la situación tomó una nueva dimensión después de que el Procurador Primero Delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, le relatara al magistrado que en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, apareció una bala disparada.
Según el documento, el funcionario manifestó además que, esta semana, al llegar a su oficina encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.
Bonilla Bolaños también había intervenido ante la Corte Suprema y solicitado que se casara la sentencia y se condenara al acusado.
¿Qué pidió el magistrado a la Policía?
Ante estos hechos, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez decidió poner la situación en conocimiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Su preocupación es que los magistrados de la Sala de Casación Penal puedan estar en riesgo como consecuencia de la condena impuesta a Juan Francisco Gómez Cerchar.
Por eso solicitó que la información sea conocida por la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que se incrementen las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los magistrados y también la de sus familias.
La advertencia se produce en un momento especialmente sensible para el proceso judicial contra “Kiko Gómez”, quien fue condenado por homicidio agravado después de que la Corte Suprema revocara la absolución que había emitido el Tribunal Superior de Bogotá.
Presidente ordena reforzar seguridad de magistrados de la Corte Suprema tras amenazas
El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a la alerta de seguridad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ordenó reforzar de inmediato la protección de sus magistrados.
A través de su cuenta de X, el mandatario informó que dio instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP para adoptar las medidas necesarias y garantizar la seguridad de los integrantes de la corporación.
De la Espriella lanzó además un mensaje contundente: “Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República”.
El jefe de Estado aseguró que en Colombia ningún magistrado o juez puede ser amenazado o intimidado y advirtió que quienes intenten hacerlo enfrentarán todo el peso de la ley.
Finalmente, señaló que, “sea quien sea que esté detrás de estas amenazas —Kiko Gómez o cualquier otro— será identificado, perseguido y llevado ante la justicia”.
El presidente reiteró así su respaldo a la independencia judicial y aseguró que “las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”.
Cuatro preguntas para entender el caso
¿Qué decisión tomó la Corte Suprema contra Kiko Gómez?
La Sala de Casación Penal, el 29 de abril de 2026, revocó la absolución por uno de los homicidios y condenó a Juan Francisco Gómez Cerchar por homicidio agravado. La pena establecida fue de 31 años y 8 meses de prisión. La decisión fue adoptada por unanimidad y permanece vigente.
¿Por qué surgió la alerta de seguridad?
Porque comenzó a circular una versión según la cual el condenado habría ordenado el asesinato de tres personas y habría pedido a sus familiares abandonar los cargos públicos y trasladarse a Italia. Además, funcionarios que participaron en el proceso manifestaron posteriormente preocupaciones concretas por su seguridad.
¿Qué ocurrió en la Procuraduría?
El Procurador Primero Delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, informó que en su oficina apareció una bala disparada y que posteriormente encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil. El funcionario había pedido ante la Corte Suprema que se condenara a Gómez Cerchar.
¿Qué medidas se están solicitando?
El magistrado José Joaquín Urbano pidió que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conozca los hechos y aumente las medidas de protección para los magistrados de la Sala de Casación Penal y sus familias, ante la posibilidad de que exista un riesgo relacionado con la condena contra “Kiko Gómez”.
