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El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, quien fue elegido el 29 de octubre de 2023 con 27.330 votos (31,53%), enfrenta tres procesos: uno contencioso, el segundo es disciplinario y el tercero es penal. Estos son tramitados por el Consejo de Estado, por la Procuraduría General de la Nación y por la Fiscalía General de la Nación, respectivamente.
En cuanto al primero, se está a la espera de que el Consejo de Estado responda en segunda instancia el fallo emitido en marzo del 2025 por el Tribunal de Boyacá en el que se declaró su nulidad electoral por haber suscrito en el 2022 contrato con entidad pública (Universidad UPTC) 10 meses antes de su elección; hecho que configuraría la inhabilidad al momento de ser elegido y posesionado como alcalde.
En en el proceso disciplinario ya hay fallo de primera instancia, pues el 25 de agosto del 2025 la Procuraduría lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 14 años, al considerar que incurrió en una falta disciplinaria gravísima luego de postularse y posesionarse como mandatario local sabiendo que estaba inhabilitado.
Contra esta decisión procede recurso de apelación, el cual fue solicitado por la defensa del alcalde, el abogado César Augusto Murcia, quien explicó que el caso deberá ser revisado por la Sala Disciplinaria de Servidores Públicos Elegidos Popularmente y, a su vez, por el Consejo de Estado, dado que se trata de un funcionario elegido por voto popular.
El exjuez y hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro Suárez, se pronunció en su momento para indicar que la Procuraduría sí puede adelantar procesos disciplinarios e imponer otras sanciones, como multas, pero que no está facultada para destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.
"La Procuraduría puede imponer otro tipo de sanciones, puede imponer multas, puede imponer otro tipo de sanciones que estén contempladas en el Código Disciplinario único, pero la sanción de destitución, digamos, lesiona el derecho de los Tunjanos a haber elegido su alcalde y por tanto esa decisión de destituir solamente le corresponde a un juez de la República en términos de las normas interamericanas de derechos humanos que ha suscrito Colombia", señaló.
El tercer proceso han presentado avances significativos en audiencia adelantada este jueves 25 de septiembre cuando la Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, ante su presunta participación en las irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios.
En la diligencia, el fiscal delegado del caso explicó que algunos contratos de Ecovivienda "fueron manipulados con el propósito de beneficiar al alcalde". Menciona que "específicamente, el objetivo era conseguir el retiro de una demanda de nulidad electoral que amenazaba su cargo. Las acciones del alcalde y de varios individuos —incluyendo a Luzmila Acevedo, Sara Catalina y Eduardo Camargo Rodríguez- sugieren que el proceso no cumplió con los principios de transparencia y selección objetiva de la administración pública"
A su vez, resalta que "el interés principal era evitar una medida cautelar que podría haber resultado en la suspensión del alcalde. Esta gestión indebida se realizó para asegurar su continuidad".
En ese sentido, la entidad explicó que inicialmente se firmó un contrato en febrero de 2024 por 19'800.000 pesos, que no se ejecutó. Sin embargo, el segundo contrato de prestación de servicios mediante la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos, sí se ejecutó para favorecer al abogado Juan Sebastián Ramírez persuadiéndolo de retirar la demanda que interpuso ante el Tribunal de Boyacá.
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Es de recordar que dicha demanda buscaba que se declarara la nulidad electoral de Krasnov, argumentando que al momento de su elección como alcalde estaba inhabilitado por haber firmado contrato con entidad pública (Universidad UPTC) 10 meses antes de su elección.
Asimismo, en la audiencia se detalló que, aparentemente, el profesor ruso amenazó al entonces gerente de Ecovivienda (Eduardo Camargo) para presionarlo a celebrar el contrato que se materializó y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.
Razón por la cual la Fiscalía decidió imputarle los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo; mientras que a Sara Catalina Pedraza Canaría y a Luz Mila Acevedo Galán, les fueron formulados cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice y coautora, respectivamente.
Hay que destacar que el Juez de control de garantías que dirigió las audiencias impuso a los procesados medidas no privativas de la libertad, luego de que el fiscal así lo pidiera, insistiendo en la importancia de obligar a Krasnov y Pedraza a comparecer puntualmente a las audiencias a las que se les cite:
"Señor juez, la señora Sara Catalina, como lo puede verificar en la audiencia del 28 de julio, estuvo fuera del país durante más de un mes. Tiene hermanos fuera del país. Igual el señor Krasnov tiene vínculos fuera del país y sale del país. Dicha situación, aunada al comportamiento, puede evidenciar que en cualquier momento pueden salir del país y no comparecer al presente trámite", agregó.
