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La sala Plena de la Corte Constitucional eligió al magistrado Alberto Rojas Ríos como nuevo presidente de esa corporación, en reemplazo de la magistrada gloria Estela Ortiz, quien terminó su periodo al frente de ese tribunal.
De la misma forma, el magistrado Antonio José Lizarazo fue elegido como vicepresidente de la sala plena de la Corte.
Cabe mencionar que Rojas Ríos, quien es oriundo de la ciudad de Pereira, es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con doctorado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, España.
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El nuevo presidente de la Corte Constitucional también tiene un máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional del misma universidad.
En su trayectoria laboral, Alberto Rojas Ríos se destacó como procurador delegado para asuntos civiles ante la Corte Suprema de Justicia, además de haberse desempeñado como procurador y viceprocurador General de la Nación encargado.
También ha sido consultor y asesor de diversos programas de Naciones Unidas y conjuez de la Corte Constitucional.
Desde su llegada a ese tribunal, el magistrado Rojas Ríos siempre ha mostrado una defensa contundente hacia las minorías y a la protección de los Derechos fundamentales a los más vulnerables.
Por su trabajo y sus ponencias frente a ese tipo de casos, la Fundación Internacional Womens Link Worldwide lo nominó al Premio Mallete del año 2014 por la Sentencia T-815 de 2013, en la que se estableció que los derechos sexuales y reproductivos de las personas privadas de la libertad deben ser protegidos.
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El último reconocimiento le fue otorgado por la Corporación Excelencia en la Justicia, a la mejor sentencia de la Corte Constitucional en el año 2019, a favor de las trabajadoras domésticas.
También ha sido ponente de la sentencia sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo (SU-214 de 2016), la restitución del Tesoro Quimbaya (SU-649 de 2017), la protección del Páramo de Santurbán (T-361 de 2017), la protección del Medio Ambiente y de las Comunidades Indígenas en Cerromatoso (T-733 de 2017).
También sacó adelante la dignidad de las mujeres habitantes de calle en relación con el ciclo menstrual (T-398 de 2019) y la eliminación de la discriminación de la mujer en el orden de los apellidos en las familias (C-519 de 2019).
