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La Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $82.329 millones, por obras de terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café.
Esto se realiza debido a que se consideró que las obras son propensas al colapso y por su comprobada inestabilidad no serán utilizados para conformar la pista de la etapa 1 del proyecto.
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Con este fallo fueron declarados responsables fiscales en forma solidaria, los constructores, los interventores y los supervisores designados por la asociación de Aerocafé.
A su vez, el desempeño de las interventorías tuvo graves deficiencias e implicó un abierto incumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, lo cual redundó en la inestabilidad e inutilidad de las obras de los terraplenes 8 y 10 que fueron edificadas y sobre las cuales ejerció la interventoría.
Este cuantioso fallo va para Diconsultoria S.A., Ingeniería, Desarrollo y Tecnología, Jaime Alberto Llano, Iván García, Provinco, Carlos Eduardo Quiroga, Mario Mejía Restrepo, Constructores Mario Serna Flórez, empresa Unipersonal; Quiroga García y CIA, en condición de integrante de los consorcios interventores y Juan Alejandro Dávila, Diego Fernando Zuluaga, Julia Naranjo como supervisores designados por Aerocafé.
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Por otro lado, la Contraloría declaró como terceros civilmente responsables a las compañías: La Previsora S.A Compañía de Seguros, Allianz Seguros S.A, Seguros del Estado S.A. y Segurexpo Colombia S.A.
Según la Contraloría los consorcios DICO- IDT y DICO- IDT2 no cumplieron en debida forma las obligaciones y responsabilidades a su cargo, y tuvieron participación en los hechos generadores de daño en el presente caso, dado que: "Permitieron la ejecución de algunas obras y actividades en los terraplenes 8 y 10 aunque los estudios y diseños con los cuales se adelantó su licitación y contratación presentaban deficiencias y contradicciones", señaló el documento.
Dentro de los recursos que se pueden interponer contra este fallo están el de reposición ante la Contraloría delegada intersectorial No2 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y de Apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República.
