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A la cárcel fueron enviados un fiscal y un investigador del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones), quienes habrían recibido dinero a cambio de interceder en procesos de lavado de activos y extinción de dominio.
Se conoció que además de imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario, a estas dos personas se les imputó el delito de concusión, acusación que no fue aceptada por los implicados.
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La Fiscalía pudo además establecer que los funcionarios habrían exigido la suma de $350 millones para interceder en un proceso con el fin de desviar la investigación o archivarla.
Fue así como, el fin de semana, se hizo un operativo en el que fueron capturadas estas personas, minutos después de presuntamente haber recibido $110 millones que corresponderían al primer pago de la suma pactada.
La audiencia se realizó en forma privada por solicitud del apoderado de uno de los investigados, quien además indicó que según las pruebas habría cuatro funcionarios más implicados y la investigación podría verse afectada, petición que aceptó el Juez y la propia Fiscalía.
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Según señaló el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la captura se dio en flagrancia en contra de Javier Alberto Rodríguez Rosales, y al técnico investigador del CTI Seccional Santander, Jairo Enrique Pulido Pascagaza.
Los funcionarios, según el ente investigador, habrían acordado a través de varias reuniones, ayudar a una persona vinculada a una investigación por lavado de activos, cuyos bienes serían sometidos a medidas cautelares de extinción de dominio.
El jefe del ente investigador indicó que se está luchando por erradicar hechos de corrupción en Cali y Bucaramanga y por eso no va a parar en este trabajo.
